lunes, 28 de febrero de 2011
Res Pública considera que hay medidas más efectivas que reducir la velocidad
Artículo de Antonio Pérez Murciano:
"Estando como estamos, metidos en campaña preelectoral, no solo para las elecciones municipales y autonómicas, ya próximas, sino para las generales del próximo año, he tenido ocasión de asistir, en el Ateneo de Madrid, del que me honro en ser socio, a una mesa redonda, con posterior debate, sobre la izquierda en el siglo XXI.
Entre las muchas y variadas ideas y enfoques, que el acto en cuestión salieron a colación, destacaron algunas, como la que consistía en que los conceptos de derecha e izquierda, en política, habían desaparecido, o se habían diluido, y que era el momento de buscar una cierta transversalidad en la democracia, de modo que, dentro de lo que aun se puede llamar liberalismo, se pudiesen integrar todas las tendencias, más representadas por individuos, o por agrupaciones de individuos que por partidos políticos en su sentido tradicional. No faltó, sin embargo, quien aportó su experiencia al respecto, aduciendo que los intentos en esa línea, que ya habían tenido lugar, siempre acababan en la presencia de dos tendencias claras, correspondientes a lo que serían la derecha y la izquierda, cosa por otra parte a mi entender muy lógica, pues los conceptos de derecha y de izquierda, en la sociedad en general, y en política en particular, corresponden, asimismo a mi entender, a dos mentalidades, a dos maneras de concebir la sociedad, más o menos definidas, o más o menos radicales, que siempre están presentes en la práctica totalidad de las situaciones susceptibles de ser analizadas en la sociedad. Queda pues bien clara mi posición respecto a esa posible “transversalidad”, que considero ajena a la realidad sociopolítica, y, en base a ello, pienso que las agrupaciones de individuos, o los partidos, llámeselos como se quiera, deben formarse en razón a las mentalidades anteriormente citadas, y ser, en consecuencia, de derechas o de izquierdas, moderadas o radicales en cualquiera de los casos. Aprovecho este momento para mencionar lo que se ha llamado, y tantas veces se ha tratado de definir, como centro en política. Debo decir que para mí el centro en política no existe. El centro es algo que carece de dimensión. Pienso que cuando se habla de centro en política, se puede hablar de posiciones moderadas, pero también aquí se observaría que, en teórico grupo de centristas, siempre acabarían configurándose las dos tendencias, es decir, se puede hablar, porque existen, del centro-derecha y del centro-izquierda, nunca del centro.
En el acto ateneísta que inspiró este escrito, se dijo también algo con lo que sí estoy de acuerdo, si no en su totalidad si casi en su totalidad, y ello consistió en que, en el momento actual, en España, ninguno de los dos grandes partidos de implantación nacional, debe ser considerado de izquierdas. Uno, el Partido Popular, admite con un poco de trabajo ser de derechas, aunque le gusta más decir que es de centro. Otro, el PSOE, afirma ser de izquierdas. No hay más que observar su actitud y comportamiento, tanto en su etapa anterior, cuando estaba dirigido por Felipe González, como en la actual, para ver que no es así, y si volvemos a mencionar la actual situación, prácticamente preelectoral, se hace imprescindible para los izquierdistas tomar una clara posición en lo que a su futuro o futuros votos se refiere, haciendo un llamamiento, en primer lugar a la necesidad de acabar de una vez por todas con ese prejuicio, o simplemente engaño, según el cual el voto a los partidos grandes es el voto útil. El voto de un izquierdista, siempre que se dirima entre dos opciones de derechas, será un voto inútil; así pues, si no encontramos una opción claramente izquierdista en los partidos grandes, busquémosla en partidos más pequeños. Habrá quien pensará que cada uno de esos votos es un voto perdido, pues no sirve para obtener representación parlamentaria, pero yo vuelvo a decir que no es así. En primer lugar, un voto en conciencia nunca es un voto perdido. En la posible situación de que un gran número de votos fueran a partidos sin representación parlamentaria, ¿No sería esto un motivo para que los partidos grandes reflexionasen y, para decirlo en lenguaje popular, se “pusiesen las pilas”, y empezasen a preguntarse cuales son lo temas que afectan realmente a la ciudadanía, y que son los que ha sido tratados por los partidos pequeños? Y si por fortuna, alguno de esos partidos, como a veces se da el caso, logra llegar al parlamento, aunque sea en el grupo mixto, ¿No será bueno que alguien, aunque sea en corto espacio de tiempo, hable de esos temas que realmente preocupan, aunque no sea “políticamente correcto” hablar de ellos? Yo estoy convencido de que tengamos que contemplar el deprimente espectáculo del hemiciclo casi vacío cuando intervienen ese tipo de parlamentarios, nosotros, gracias a la radio o la televisión, sí podremos atenderlos, y si somos lo suficientemente hábiles para conseguir convencer a otra gente para que también les escuchen, podremos estar colaborando al principio del gran cambio.
Poco queda más que decir, solo reiterar mi petición de voto en conciencia, y con acuerdo programático con el partido votado, siendo esto válido tanto para derechas como para izquierdas, si bien este último caso sea el mío. Y repitiendo una frase del inolvidable Enrique Tierno Galván, “Que la derecha sea derecha, y que la izquierda sea izquierda”. El centro, o cualquier otro experimento raro, ni existe ni puede, en consecuencia, gobernar."
Artículo de Fernando Landecho González-Soto publicado en la edición enero-febrero de la Revista "El Notario del siglo XXI" y en el blog hayderecho el 5 de enero de 2011:
"¿Puede un municipio con un reducido número de habitantes dar los servicios a los que le obliga la ley y sobre todo los demandados por los ciudadanos, siempre superiores a los obligatorios? Teniendo en cuenta que la financiación de los ayuntamientos es en buena parte proporcional a sus habitantes la respuesta es claramente negativa.
Parece lógico pensar que la unión de pequeños municipios dando lugar a otros de mayor tamaño, en torno a los 5.000 habitantes, proporcionaría ventajas en cuanto a los servicios prestados a sus ciudadanos. Entre las posibles mejoras en la gestión municipal se pueden citar: mayor fuerza y representatividad política ante administraciones autonómicas y estatales, incluso ante representantes de distintos sectores privados; ahorro económico tanto por reducción de cargos como por creación de una economía de escala superior para compras, y contratación de servicios externos; mayor profesionalización y disponibilidad de los servicios municipales; posibilidad de prestación de ciertos servicios, que exigen un mínimo poblacional, como la policía local, dotaciones deportivas, centros sociales, páginas web, etc.; interposición de una mínima distancia a la hora de tomar ciertas decisiones: sanciones, contrataciones, etc.; planeamiento urbanístico sobre un territorio de mayor tamaño, facilitando la coherencia interna de la planificación; incluso mejora de la participación ciudadana considerando que ésta precisa de medios económicos para su adecuada realización.
En España tenemos más de 6.800 municipios con menos de 5.000 habitantes, y de ellos casi 6.000 no llegan a los 1.000 vecinos. Estos números no se han modificado sustancialmente desde el origen del actual mapa municipal de comienzos del siglo XIX. El municipio tiene la característica de su cercanía física al administrado; pero la distancia real en tiempo de desplazamiento no es hoy la misma, por la facilidad de transporte, que a comienzos del XIX; y con los medios informáticos el concepto de cercanía, identificado antes con cercanía física, también ha cambiado sustancialmente. Parece, por tanto, un momento en el que la integración de los pequeños municipios en otros de ámbito algo mayor es no solo necesaria sino posible.
El objetivo de esta modificación del mapa municipal sería tanto la mejora de los servicios prestados a los ciudadanos como una mejor gestión del espacio rural. Esta medida sería escasamente eficaz si no se dota económicamente a los ayuntamientos en función de los servicios que prestan; y si no hay un programa de eficiencia y transparencia para la administración municipal, ¿de qué sirve pasar a una administración de mayor tamaño si luego ésta se comporta de una manera opaca e ineficaz? Poco avanzaríamos en coherencia en la planificación territorial si nos quedamos en el ámbito municipal, aun de mayor escala, y no existe coordinación supramunicipal: al menos autonómica porque hablar hoy en España de planificación territorial nacional parece bastante fuera de la realidad. Si los programas de desarrollo del medio rural no son ambiciosos la contribución de unos ayuntamientos rurales mejor gestionados no será suficiente para la obtención de buenos servicios.
El escaso éxito de intentos similares en España se ha considerado que se debía, en buena parte, a su planteamiento desde administraciones ajenas a las directamente afectadas. Quizá haya sido así, pero el impulso desde las administraciones autonómicas es indispensable y al menos debe considerar unos mínimos a obtener, como la obligatoriedad de las fusiones para los municipios más reducidos; considerar en la práctica como tales a los de menos de 100 habitantes (más de 1.000 a fecha actual, y en número ascendente) tiene poco sentido. Para los restantes municipios de menos de 5.000 habitantes parece aconsejable abrir un periodo de información sobre las ventajas de su paso a entidades mayores, y de participación ciudadana sobre la conveniencia, los modos y los tiempos de las fusiones. "
Fernando Landecho es arquitecto y activista político.
Artículo de Elvira Lindo publicado en El País el 9 de febrero de 2011:
"La boina ha vuelto. Madrid y Barcelona se la han encasquetado desde hace semanas y, mientras no cambie el tiempo, no habrá manera de que el tejido se haga más liviano. De la contaminación suelen acordarse los Gobiernos cuando la boina ennegrece sobre nuestras cabezas; cuando un reglamento exterior llama al orden o cuando es imposible ocultar que han aumentado los ingresos hospitalarios. Sin dejar de restarle valor a la responsabilidad de las autoridades en algo que afecta de manera tan severa a la salud pública hay algo que siempre me deja perpleja en el comportamiento de los españoles: el hecho de que el poder lo ostenten otros parece que nos exime de cualquier responsabilidad para remediar un problema que, en este caso, afecta, sobre todo, a los más débiles. El Ayuntamiento de Madrid pide a los ciudadanos que procuren dejar el coche en casa por unos días. El resultado ha sido notable: un 0% de descenso. Los mismos cacharros a las mismas horas. Los datos han aparecido en los periódicos y la respuesta de la ciudadanía cibernética, siempre dispuesta a la indignación, no se ha hecho esperar: "Mientras ellos minimicen el problema por qué voy a sufrir yo las consecuencias"; "no pienso dejar el coche en mi casa, eso es un parche"; "¡ja!, por una parte, se lavan las manos, por la otra, nos piden que lo arreglemos nosotros".
¡Un 0%! ¿Cómo es posible que no nos sonrojemos (un poco)? Alguna vez le he leído al politólogo Fernando Vallespín que una de las condiciones para que la democracia funcione es que tenga ciudadanos a la altura de un sistema que nos plantea deberes que habrían de cumplirse voluntariamente.
La manera de demostrarle a las autoridades que la contaminación es un asunto que preocupa es, precisamente, siendo activo en rebajarla. Y cuando se marche esa boina, no olvidarse del asunto. Dar la matraca. Otro deber."
Elvira Lindo es periodista y escritora.
Jorge Palacio, socio de Res Pública, participará, el próximo 16 de febrero, a las 19:30, en el Salón Úbeda del Ateneo de Madrid (C/ Prado, 21), como ponente en una Mesa Redonda sobre «La izquierda no socialista actual», el debate estará moderado por Pedro López Arriba, presidente de la sección de política.
Os animamos a asistir a este interesante debate.
Podéis obtener más información en: Ciclo La Iquierda en el S. XXI
Podéis obtener más información en: Ciclo La Iquierda en el S. XXI
El 4 de febrero, a las 21:30, celebramos una cena de la Asociación en la Casa de Valencia, C/Pintor Rosales, 58, (Metro Argüelles), Madrid.
La cena es abierta a socios y simpatizantes que quieran asistir.
Desde Mayo de 2010 hasta hoy, nuestro blog ha recibido 4755 visitas. De ellas, la gran mayoría proceden de España, aunque también registramos visitas desde Estados Unidos, México, Perú, Colombia, Argentina, Francia, Chile, los Países Bajos y Reino Unido. Nos visitan desde una gran variedad de aparatos: Ordenadores, consolas, Smartphone y tabletas.
La mayor parte del tráfico lo registramos a través de nuestro dominio http://www.asociacionrespublica.eu/, aunque también tenemos visitas procedentes de Facebook y del buscador Google. La mayoría de nuestros visitantes nos encuentran, en los buscadores, escribiendo: “asociacion res publica”.
La entrada más visitada es un artículo del Presidente de la Asociación, Jorge Juan Morante, sobre la articulación de la Iniciativa Ciudadana Europea, http://asociacionrespublica.blogspot.com/2010/04/la-union-europea-articula-como-sera-la.html, aunque también se registran importantes visitas a otros artículos, resúmenes de debates realizados por la asociación y notas de prensa.
Artículo publicado en el diario Público el 22-1-2011 por Miren Etxezarreta
El argumento principal para justificar la reforma de las pensiones que está en curso es que “no hay dinero” para sostener el sistema público porque el número de ancianos aumenta y el número de cotizantes no lo hace en la misma proporción, y que la reforma tiene por objetivo hacer viables las pensiones futuras. Al mismo tiempo se invita a la ciudadanía a que suscriba planes de pensiones privados para compensar las pensiones públicas que, se acepta, tendrán que disminuir. La carencia de recursos para las pensiones públicas es un dato que se toma como premisa.
¿Es así? No, porque en la mayoría de las rotundas afirmaciones sobre la inviabilidad futura de las pensiones se ignora la evolución de la riqueza de los países y que menos personas pueden producir más riqueza. En las sociedades modernas, a pesar de las crisis sucesivas, la capacidad de producir riqueza aumenta mucho en el tiempo. Y esta riqueza adicional puede cubrir las necesidades de mayor gasto que requeriría el mayor número de ancianos que se prevén, suponiendo que estas predicciones sean correctas. En España, con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se observa que el PIB a precios constantes de 1986 pasó de 21,5 miles de millones de pesetas en 1971 a 44,2 miles de millones en 1997; es decir, que la producción de riqueza se dobló en 26 años. Asimismo, desde 1971 a 2006 la renta per cápita –renta producida por persona– se multiplicó por algo más de dos. Si bien la crisis rebajó algo dicho aumento en el periodo 2006-2009, todavía se puede afirmar que, en el periodo 1971-2009, la renta per cápita en términos constantes por lo menos se duplicó. En definitiva, el país es el doble de rico por persona que hace 40 años.
Asimismo, hay que recordar que, a medida que el sistema económico evoluciona, con menos personas se produce más riqueza. De modo que, frente a lo que erróneamente sostienen reputados economistas, el número de trabajadores activos es irrelevante respecto a la viabilidad de mantener las pensiones en el futuro. Lo que importa no es cuántos trabajadores hay, sino la riqueza que producen.
Si, como es de esperar, a pesar de los avatares del capitalismo actual la capacidad de producir riqueza sigue aumentando, no hay ninguna razón por la que estas sociedades no puedan mantener una población mayor de ancianos. La riqueza, los recursos materiales y el dinero necesario existen en la sociedad. Por tanto, si se afirma que no hay dinero para las pensiones, la pregunta pertinente es: ¿dónde está entonces la riqueza producida? ¿Quién se ha hecho dueño de la misma?
De la riqueza producida anualmente en el país, las remuneraciones al trabajo se llevan algo menos de la mitad, mientras que algo más del restante 50% de la riqueza es absorbido por el capital. Por su parte, el Estado se nutre –desigualmente– de ambas fuentes. En España las pensiones públicas se pagan con las contribuciones de los salarios, pero no hay ninguna razón económica por la que haya de ser así. La crisis de las pensiones públicas, si llegase a producirse, sólo sería debido al mantenimiento del sistema dentro del más estricto statu quo. Pero no hay absolutamente ningún motivo por el que el sistema no pueda modificarse en dirección distinta de la que se está proponiendo ahora. Si cada vez se insiste más en la importancia de los aspectos inmateriales en la producción de riqueza –conocimiento, investigación, educación, salud, gobernanza…–,
es una falacia no considerar que la sociedad es una unidad cuyo esfuerzo conjunto produce una riqueza que se ha de distribuir entre todos. ¿Por qué sólo los trabajadores en activo han de costear las pensiones? La crisis de las pensiones no es porque faltan recursos; es debida a una distribución perversa de la renta. Lo que pasa es que la riqueza producida está muy mal repartida.
Se recomiendan las pensiones privadas, pero ¿no sería más seguro y eficiente aumentar la dotación a las pensiones públicas que potenciar que se invierta el dinero en pensiones privadas, enormemente inseguras, vulnerables ante la inflación y de alto coste de gestión? ¿Acaso es esta la solución? Es destacable que en el debate sobre las pensiones no se haga referencia al bienestar de los pensionistas, quienes implícitamente parecen ser considerados como afluentes. ¿Y cómo es que se conceden generosas exenciones fiscales a las pensiones privadas mientras se plantea que no habrá dinero para las públicas?
Hay soluciones distintas a la disminución de las pensiones públicas si eventualmente se presentan problemas para las mismas. Y además, en cualquier caso, ¿por qué tanta prisa en plantear ahora, en plena crisis, un problema que, se materializaría dentro de 20 años?
Es evidente que la reforma de las pensiones, tal como se presenta desde 1994 por el Banco Mundial y se refuerza e intensifica ahora por las instituciones internacionales, la Unión Europea y los gobiernos respectivos, no tiene sus raíces en los problemas económicos de las pensiones públicas futuras, sino en el gran interés de las instituciones financieras en absorber todavía más un suculento negocio (los fondos de pensiones gestionan actualmente el 35% de todas las acciones existentes en el mundo).
La reforma de las pensiones públicas a la baja, como la actual, no tiene como objetivo resolver el problema de las pensiones públicas sino potenciar las pensiones privadas, que constituyen un estupendo negocio para los capitales financieros que dominan nuestras sociedades. Para ello, el capitalismo no duda y consigue convertir en problema el alargamiento de la esperanza de vida, uno de los pocos avances reales que el sistema socioeconómico permite.
Miren Etxezarreta es Catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB
El argumento principal para justificar la reforma de las pensiones que está en curso es que “no hay dinero” para sostener el sistema público porque el número de ancianos aumenta y el número de cotizantes no lo hace en la misma proporción, y que la reforma tiene por objetivo hacer viables las pensiones futuras. Al mismo tiempo se invita a la ciudadanía a que suscriba planes de pensiones privados para compensar las pensiones públicas que, se acepta, tendrán que disminuir. La carencia de recursos para las pensiones públicas es un dato que se toma como premisa.
¿Es así? No, porque en la mayoría de las rotundas afirmaciones sobre la inviabilidad futura de las pensiones se ignora la evolución de la riqueza de los países y que menos personas pueden producir más riqueza. En las sociedades modernas, a pesar de las crisis sucesivas, la capacidad de producir riqueza aumenta mucho en el tiempo. Y esta riqueza adicional puede cubrir las necesidades de mayor gasto que requeriría el mayor número de ancianos que se prevén, suponiendo que estas predicciones sean correctas. En España, con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se observa que el PIB a precios constantes de 1986 pasó de 21,5 miles de millones de pesetas en 1971 a 44,2 miles de millones en 1997; es decir, que la producción de riqueza se dobló en 26 años. Asimismo, desde 1971 a 2006 la renta per cápita –renta producida por persona– se multiplicó por algo más de dos. Si bien la crisis rebajó algo dicho aumento en el periodo 2006-2009, todavía se puede afirmar que, en el periodo 1971-2009, la renta per cápita en términos constantes por lo menos se duplicó. En definitiva, el país es el doble de rico por persona que hace 40 años.
Asimismo, hay que recordar que, a medida que el sistema económico evoluciona, con menos personas se produce más riqueza. De modo que, frente a lo que erróneamente sostienen reputados economistas, el número de trabajadores activos es irrelevante respecto a la viabilidad de mantener las pensiones en el futuro. Lo que importa no es cuántos trabajadores hay, sino la riqueza que producen.
Si, como es de esperar, a pesar de los avatares del capitalismo actual la capacidad de producir riqueza sigue aumentando, no hay ninguna razón por la que estas sociedades no puedan mantener una población mayor de ancianos. La riqueza, los recursos materiales y el dinero necesario existen en la sociedad. Por tanto, si se afirma que no hay dinero para las pensiones, la pregunta pertinente es: ¿dónde está entonces la riqueza producida? ¿Quién se ha hecho dueño de la misma?
De la riqueza producida anualmente en el país, las remuneraciones al trabajo se llevan algo menos de la mitad, mientras que algo más del restante 50% de la riqueza es absorbido por el capital. Por su parte, el Estado se nutre –desigualmente– de ambas fuentes. En España las pensiones públicas se pagan con las contribuciones de los salarios, pero no hay ninguna razón económica por la que haya de ser así. La crisis de las pensiones públicas, si llegase a producirse, sólo sería debido al mantenimiento del sistema dentro del más estricto statu quo. Pero no hay absolutamente ningún motivo por el que el sistema no pueda modificarse en dirección distinta de la que se está proponiendo ahora. Si cada vez se insiste más en la importancia de los aspectos inmateriales en la producción de riqueza –conocimiento, investigación, educación, salud, gobernanza…–,
es una falacia no considerar que la sociedad es una unidad cuyo esfuerzo conjunto produce una riqueza que se ha de distribuir entre todos. ¿Por qué sólo los trabajadores en activo han de costear las pensiones? La crisis de las pensiones no es porque faltan recursos; es debida a una distribución perversa de la renta. Lo que pasa es que la riqueza producida está muy mal repartida.
Se recomiendan las pensiones privadas, pero ¿no sería más seguro y eficiente aumentar la dotación a las pensiones públicas que potenciar que se invierta el dinero en pensiones privadas, enormemente inseguras, vulnerables ante la inflación y de alto coste de gestión? ¿Acaso es esta la solución? Es destacable que en el debate sobre las pensiones no se haga referencia al bienestar de los pensionistas, quienes implícitamente parecen ser considerados como afluentes. ¿Y cómo es que se conceden generosas exenciones fiscales a las pensiones privadas mientras se plantea que no habrá dinero para las públicas?
Hay soluciones distintas a la disminución de las pensiones públicas si eventualmente se presentan problemas para las mismas. Y además, en cualquier caso, ¿por qué tanta prisa en plantear ahora, en plena crisis, un problema que, se materializaría dentro de 20 años?
Es evidente que la reforma de las pensiones, tal como se presenta desde 1994 por el Banco Mundial y se refuerza e intensifica ahora por las instituciones internacionales, la Unión Europea y los gobiernos respectivos, no tiene sus raíces en los problemas económicos de las pensiones públicas futuras, sino en el gran interés de las instituciones financieras en absorber todavía más un suculento negocio (los fondos de pensiones gestionan actualmente el 35% de todas las acciones existentes en el mundo).
La reforma de las pensiones públicas a la baja, como la actual, no tiene como objetivo resolver el problema de las pensiones públicas sino potenciar las pensiones privadas, que constituyen un estupendo negocio para los capitales financieros que dominan nuestras sociedades. Para ello, el capitalismo no duda y consigue convertir en problema el alargamiento de la esperanza de vida, uno de los pocos avances reales que el sistema socioeconómico permite.
Miren Etxezarreta es Catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB
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