Urbanismo y corrupción (II). Consecuencias no sólo políticas

Artículo de Fernando Landecho González-Soto que continúa el artículo: Urbanismo y corrupción (I) y que ha sido publicado en Hay Derecho el 25 de mayo de 2011:

"Posiblemente debido a la conocida, y comentada, lentitud de la justicia sea en estos momentos cuando más escándalos relacionados con la corrupción aparecen en los medios de comunicación. Es el resultado de los delitos cometidos hace unos años, en la época del esplendor urbanístico español: esplendor aparente con ingredientes cancerígenos en su interior.

Pretendo hacer un repaso a las diferentes consecuencias de la corrupción urbanística. Una de ellas ensombrece a las demás, y es causada por la corrupción en general, no solo por la urbanística. Me refiero al deterioro del sistema democrático y al descrédito sobre las instituciones  y sobre la clase  política. Hay otras consecuencias propias ya de la corrupción ligada al urbanismo; que haya otras no rebaja la importancia de la más  conocida, pero se debe tener en cuenta  a las restantes.

La gravedad del descrédito que sobre nuestras instituciones ha originado la corrupción, y la falta de respuesta, la renuncia a cualquier ejemplaridad pública, de la clase política, unida a una  lamentable indulgencia por parte de la ciudadanía hacia esos políticos y hacia esas actitudes corruptas, está conduciendo a una situación que puede tener repercusiones gravísimas e imprevisibles para la marcha de nuestras instituciones. Debe llegar una reacción que afronte este problema nacional. La respuesta a la corrupción será múltiple, afectando a muchos y diferentes frentes, pero tiene que venir animada por una enérgica voluntad y ejemplaridad política.

La sensación de impunidad frente a la Ley, que conlleva la corrupción, es en el caso del urbanismo  especialmente visible: los desmanes urbanísticos ahí se quedan, tan asentados en el suelo como la más legal de las construcciones. La práctica, tan ejemplar, de la demolición de lo ilegalmente edificado sigue siendo una excepción en España.

En torno a la corrupción se ha instalado una competición, liderada por los políticos, cuyas bases son la disculpa de las faltas de los propios y la exageración de las de los rivales. La corrupción introduce este elemento de comportamiento social del que no podemos sentirnos orgullosos.

La corrupción ligada al urbanismo provoca repercusiones, más allá de lo político, en concreto en lo económico y como es lógico en  lo urbanístico y en lo medioambiental.

El blanqueo de capitales está en relación directa con la corrupción urbanística: el dinero obtenido en operaciones corruptas es en buena parte negro, y  la corrupción sirve para el lavado de dinero oscuro,  pagando con él a quien se corrompe. Gran parte del dinero movido en este circuito es ajeno a Hacienda y escapa a su correspondiente participación en el  sostenimiento del Estado.  En el fondo, la corrupción no deja de suponer una imposición que eleva el precio del producto final, en este caso los edificios, pero cuyo beneficio se escamotea al conjunto de la sociedad yendo a parar directamente al bolsillo de los delincuentes; por tanto supone una desestabilización del mercado y un hurto directo a la economía pública. Finalmente, hay que citar el desprestigio del nombre, de la “marca”, nacional, con repercusiones variadísimas y que afectan a cualquier objeto o servicio que se asocie a ella: disminución de la inversión extranjera por la inseguridad jurídica, disminución del valor añadido de los productos españoles y de la valoración ofrecida por cualquier trabajador español, o empresa, en el extranjero.

Posiblemente las consecuencias menos tenidas en cuenta  de la  corrupción urbanística, que en la mayoría de los casos supone  básicamente saltarse las normas urbanísticas, son los daños producidos al medio ambiente y a la ordenación territorial y urbanística.

Los principales delitos urbanísticos, en número e importancia, consisten en edificar en suelo no urbanizable o en no urbanizable especialmente protegido, o hacerlo en suelo urbano o urbanizable pero sin respetar la calificación urbanística, es decir el tipo de suelo: residencial sobre zonas verdes, o sobre zona de equipamientos, o incumplir las cesiones que marca la ley,  suprimiendo el suelo para equipamientos, zonas verdes, vivienda protegida.....

Si el planeamiento ha clasificado suelo como no urbanizable e ilegalmente se edifica en él, ya sea a pequeña o a gran escala, a medio plazo el coste para el municipio que significa mantener esas construcciones o urbanizaciones es superior al que hubiera supuesto una actuación acorde con el planeamiento. Me refiero al coste del mantenimiento de todas las infraestructuras, sobre todo las de transporte, y especialmente el transporte público: pronto demandado por los habitantes de las urbanizaciones ilegales. El resultado de la construcción ilegal en suelo no urbanizable suele ser un urbanismo disperso, de alto coste de mantenimiento para los municipios y que consume muchos recursos naturales.

Si lo que se urbaniza es el  suelo especialmente protegido a los males citados anteriormente hay que añadir los provocados al medio ambiente: degradación, incluso destrucción, de paisajes valiosos; agresiones a la fauna y a las especies vegetales protegidas;  contaminación de playas y ríos... y también en ocasiones los daños originados al patrimonio histórico y artístico: destrucción de zonas de interés arqueológico...

La construcción ilegal en suelo urbano o urbanizable, supone que o bien los ciudadanos tendrán menos dotaciones y menos servicios que los previstos por el plan, en este aspecto éste se suele limitar a cumplir la ley, o estas dotaciones y servicios se proveerán en su día a costa del esfuerzo económico municipal, que suplirá a la inversión que debía haber realizado el urbanizador, o edificador, corrupto.

Es una tarea urgente para toda la sociedad poner coto inmediato a la corrupción urbanística, especialmente por medio de medidas preventivas, dado que éstas evitarán los daños irreversibles tanto a la moral pública como a la economía, al medio ambiente y a la calidad de vida de los ciudadanos. La consecuencia más grave de este tipo de corrupción es la de contribuir al descrédito, que puede acabar en colapso, de nuestras instituciones, pero no se pueden olvidar otras consecuencias también muy graves e indeseables, como el daño de difícil reparación que se está produciendo en el mantenimiento del  medio ambiente y de los valores urbanísticos defendidos por la legalidad, y  que tienen una traducción directa en nuestra calidad de vida: el derecho a disfrutar de dotaciones culturales, deportivas, sanitarias y educativas. La corrupción urbanística no solo hunde éticamente a una sociedad sino que supone un robo directo a los ciudadanos, y un daño de difícil reversión a nuestro territorio y a nuestras ciudades."

Fernando Landecho González-Soto es Arquitecto y Activista político

Fernando Landecho González-Soto

¡Más Europa ya!

Artículo de Jorge Juan Morante publicado el 20 de mayo de 2011 en Los Euros y en Ciudadano Morante:

"Desde el 15 de mayo estamos viendo acampadas y concentraciones en todas las ciudades de España, incluso  ya se están extendiendo a otras ciudades de Europa.

Estas tienen su origen en una convocatoria de la plataforma ¡Democracia Real YA! a la que la asociación que presido, Res Pública, está adherida.

Esta plataforma considera igualmente responsables a toda la clase política de la situación de crisis que vivimos, y por ello no se considera representada por ellos. Sin distinción entre los dos grandes partidos porque considera a ambos igualmente responsables.

Cada vez se van desarrollando, en asambleas, ese decálogo de 8 puntos de la Plataforma ¡Democracia Real YA! y me doy cuenta de que queriendo solucionar el sistema podríamos caer en otro peor, hay puntos en los que estoy de acuerdo. 

Pero mejor que querer someter a referéndum todas las decisiones, también las europeas, creo mejor avanzar hacia una democracia deliberativa articulada en torno a órganos de participación ciudadana (aunque políticos como Esperanza Aguirre no les gusten y utilicen la crisis para suprimirlos), donde la gente debata los problemas y donde su voz sea escuchada por aquellos que supuestamente nos representan.

Otro problema que veo es que esas revoluciones se hacen en  clave nacional, considerando a Europa parte de esos problemas y partiendo de confusiones. No necesitamos regresiones nacionales, necesitamos más Europa, con políticas sociales y fiscales europeas, y con un Parlamento Europeo que esté por encima del Consejo, porque instrumentos de participación tenemos más, los Ciudadanos, en la Unión Europea que en nuestros estados miembros, como las consultas populares o la iniciativa ciudadana europea."

Jorge Juan Morante es Presidente de la Asociación "Res Pública" y euroblogger, Diplomado en Gestión y Administración Pública y estudiante de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, habiendo estudiado como Erasmus en Turín, Italia.

Neorepublicanismo político, un pensamiento para una Europa de los Ciudadanos

Artículo de Jorge Juan Morante publicado en Los Euros y en Ciudadano Morante el 30 de abril de 2011:


"El Neorepublicanismo político, es mucho más que cambiar la jefatura del Estado, se articula en tres líneas básicas: Equilibrio de poderes, se definen y delimitan los diferentes poderes, pero estableciendo una relación de equilibrio y colaboración entre ellos, de tal forma que ninguno se establece por encima de los demás; la libertad como No Dominación, entendiéndose como un objetivo y no como una limitación; y la Virtud Cívica, en el sentido de que la gente participa para ejercer su libertad, pero lo hace asumiendo una responsabilidad colectiva, no pensando en sus intereses individuales sino en los del conjunto de personas.

¿En qué medida este pensamiento puede servir de base a una Europa de los Ciudadanos? Mediante una regeneración de la democracia europea, debiendo realizarse una reforma profunda del sistema electoral europeo y de las instituciones europeas; e impulsando una democracia deliberativa en todos los niveles de gobierno, que permita una participación efectiva y responsable de los ciudadanos, más allá de los procesos electorales, pero no solo creando los medios para ejercerla, sino también dando a conocer los diferentes cauces y estimulando su ejercicio."

Democracia deliberativa

Imagen procedente de elcontingente.com.ar

Jorge Juan Morante es Presidente de la Asociación "Res Pública", Diplomado en Gestión y Administración Pública y estudiante de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, habiendo estudiado como Erasmus en Turín, Italia.

Urbanismo y corrupción (I)

Artículo de Fernando Landecho publicado en ¿Hay derecho? el 12 de abril de 2011:

Imagen procedente de alternativa vecinal vigo

"El primer título que me vino a la cabeza para este artículo fue “la corrupción urbanística”. Era lo más inmediato; la expresión con la que se han titulado numerosos textos referidos a los, desgraciadamente, abundantísimos casos de denuncias y procesamientos: tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, fraude fiscal… que están directamente relacionados con el urbanismo. Si decidí cambiarlo fue por comenzar con una expresión que al menos mantuviera independientes, si bien unidos por una conjunción, el urbanismo y la corrupción. El cambio no es fundamental en el fondo, pero me permite comenzar con una reivindicación del urbanismo como el instrumento esencial para la ordenación del territorio y para el desarrollo de nuestro medio físico, salvaguardando y mejorando sus valores: ambientales, estéticos, económicos, sociales…. Separar el urbanismo de la corrupción es posible y necesario.

Si hay algo que me parece especialmente sorprendente en esta cuestión es la cantidad de información referida a escándalos urbanísticos, la importancia de sus consecuencias en muchos aspectos: económicos, políticos, descrédito de las instituciones, daño al medioambiente, y sin embargo algo que debería ser inherente a este proceso: el apartamiento de la vida pública de los causantes, no se produce.

Hay varios estudios en los que se analiza la repercusión electoral, de los escándalos urbanísticos, en casi todos los casos en el ámbito local que es donde se dan éstos en su gran mayoría. Todos ellos coinciden en que las denuncias fundadas, o los procesos judiciales ya iniciados, incluso sentencias no ejecutadas por diferentes razones, no tienen apenas castigo electoral.

Voy a analizar brevemente esta situación paradójica: el alto nivel de información sobre actuaciones urbanísticas ilegales y la voluntad de los ciudadanos en exonerar políticamente, y seguir votando, a los acusados.

Los delitos por actuaciones urbanísticas ilegales se centran básicamente, tanto cuantitativa como cualitativamente, en la reclasificación ilegal de suelo no urbanizable; en la construcción y ejecución de usos prohibidos en el mismo tipo de suelo, incluso en el de especial protección; en la urbanización de nuevos desarrollos sin respetar las cesiones obligatorias para dotaciones: deportivas, culturales, educativas… para zonas verdes, o para patrimonio municipal del suelo; y en la concesión de contratos para ejecución de obras sin respetar los principios establecidos para ellos que garanticen la igualdad de oportunidades entre concursantes y la obtención de la mejor opción para el ayuntamiento.

Estas actuaciones delictivas tienen sin embargo algunos resultados económicos inmediatos y positivos para muchos residentes en el municipio: propietarios de tierras, industriales, contratistas, profesionales diversos… y sin embargo ¿Quiénes son los perjudicados por esas acciones?, no tanto los vecinos del municipio, no al menos individualmente, como el conjunto de la ciudadanía, en parte representada por el propio ayuntamiento perjudicado por malas contrataciones; y en parte todos los ciudadanos, no solo los residentes en ese municipio; unos porque serán vecinos de nuevos desarrollos sin las dotaciones necesarias, y todos porque se nos priva del derecho a una correcta ordenación del territorio, al derecho a un medio ambiente óptimo, y porque entre todos pagaremos las consecuencias económicas, sociales y medioambientales de los desmanes. Beneficios directos y perjuicios indirectos y repartidos entre la comunidad. La “tragedia de lo común” está servida.

Si bien la solución a la corrupción ligada al urbanismo debe venir de un amplio conjunto de medidas que desarrollaré en otros artículos, y que afectan a muy diversos aspectos: judiciales, económicos, políticos, urbanísticos… la reflexión anterior sobre la falta de castigo electoral de los políticos acusados de corrupción y el daño causado al bien común, me lleva a proponer ya alguna de ellas, directamente ligadas a este fenómeno.

La primera es obvia, y cuenta incluso con peticiones firmadas por miles de personas. Los partidos políticos deben impedir que los acusados de corrupción formen parte de sus listas electorales. No deben seguir haciendo primar el objetivo de conseguir cargos públicos a costa del descrédito del ejercicio de la política y de la calidad de la democracia.

La siguiente es ya propia del derecho urbanístico: limitar la autonomía municipal, tanto en la planificación como en el control del urbanismo en aquellos aspectos donde prime el interés general. Si aceptamos que la ordenación del territorio tiene implicaciones que exceden al municipio, ejercitemos con decisión la intervención supramunicipal, siendo las Comunidades Autónomas e incluso el Estado Central (Confederaciones Hidrográficas, Costas, Parques Nacionales…) partícipes, en mayor medida que lo son ahora, del proceso de planificación territorial. Por ejemplo la delimitación de los suelos no urbanizables de especial protección puede venir fijada en gran parte desde las Comunidades Autónomas; también ellas deben tener mayor responsabilidad en los planes parciales para desarrollo de suelo urbanizable y en la concesión de licencias en suelo no urbanizable.

En cuanto al control de la legalidad urbanística dotemos a fiscalías y departamentos de control autonómico de mejores medios y mayor capacidad de intervención.

Estas medidas no solo redundarían en limitar la posibilidad de la corrupción ligada al urbanismo, sino que, incluso por encima de ese resultado, contribuirían a un mejor diseño territorial, por obedecer éste a principios de mayor escala y buscar la coherencia de un territorio mucho más amplio que el municipal. Defender con eficacia el bien común exige limitar, en mayor medida de lo que ahora está, el poder de los municipios en materia de urbanismo."

 

Fernando Landecho González-Soto es Arquitecto y Activista político

Fernando Landecho González-Soto

Consultas populares en el proceso de elaboración de los planes generales municipales

Artículo publicado por Fernando Landecho González-Soto en el blog sobre la actualidad jurídica y política ¿Hay derecho?, el 1-3-2011

Para los que ejercemos nuestra actividad profesional en relación, directa o indirecta, con el urbanismo, es un hecho el desconocimiento que tienen la mayoría de los ciudadanos del planeamiento urbanístico de sus municipios. No me refiero a los detalles técnicos, lo cual es lógico, sino a la ignorancia de las intenciones primeras del planeamiento, las que se recogen en los Planes Generales de Ordenación Urbana, donde se definen los grandes objetivos del planeamiento urbanístico municipal y los medios para lograrlo.

Ser miembro de una comunidad local cuyos propósitos, en cuanto a cómo ésta se materializa físicamente en el territorio, son conocidos, debatidos y compartidos, nos hace sentirnos más identificados con esa comunidad, y más responsables ante ella. Es decir, opinar y decidir sobre cuánto debe crecer el suelo urbanizado, dónde se prohíbe la construcción, cuántas alturas deben tener los edificios, si la ciudad debe ser más o menos densa, dónde se sitúan los parques y las zonas industriales, hasta qué punto queremos mantener inalterada la imagen histórica de la ciudad.

Un buen medio para fomentar el conocimiento del planeamiento consiste en que desde la administración se facilite la participación ciudadana durante la fase de elaboración de la normativa urbanística. La legislación española abunda en referencias a la necesaria participación ciudadana en los asuntos públicos. Así lo hacen la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y las diferentes Leyes del Suelo. En lo que al urbanismo se refiere, en general la legislación se queda en indicar ese deseo sin definir los medios de participación. En la práctica la participación ciudadana en la fase de debate del planeamiento municipal está muy lejos de cumplir las buenas intenciones expresadas por la legislación. Son escasos los ejemplos de los municipios que han ido más allá de lo que estrictamente suele marcar la ley: el cumplimiento de los periodos de información pública. En concreto las consultas populares en la fase de elaboración de los Planes Generales prácticamente no se han utilizado. La sentencia del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 2008 declarando ajustada a derecho la consulta popular acerca del Plan General de Ordenación Urbana de Almuñécar, abre la posibilidad de celebrar estas consultas.

La introducción, como práctica habitual por parte de los Ayuntamientos, del sometimiento de la aprobación de los Planes Generales al voto de la ciudadanía, supondría necesariamente que el proceso de desarrollo de estos planes sería más transparente y más participativo: si se va a consultar parece lógico que antes se haya informado a los ciudadanos y recabado la opinión de éstos.

Es cierto que existe la posibilidad de que los responsables municipales planteen las consultas como un plebiscito para avalar intenciones de planeamiento opuestas a lo que la lógica supramunicipal o las propias leyes de ordenación del territorio indican. De este modo las consultas se convertirían en un instrumento de presión hacia los responsables autonómicos encargados de compatibilizar el planeamiento local con el supramunicipal.

Este riesgo existe pero vale la pena correrlo pensando en las consecuencias positivas de las consultas, y además se puede reducir. Para ello los criterios de organización territorial supramunicipal deben ser públicos y estar claramente expresados en normativa: es más difícil plantear unas determinaciones de ámbito municipal incompatibles con otro ordenamiento de mayor rango si desde el primer momento está clara esta incompatibilidad. Además las consultas populares locales no deben celebrarse sin que vayan acompañadas de un amplio programa de participación ciudadana durante todo el proceso de elaboración del planeamiento, de tal manera que con medios y tiempo suficiente, los ciudadanos puedan debatir los objetivos del planeamiento, y entre otras cuestiones advertir las incongruencias entre los planteamientos locales y los supramunicipales.

Un proceso de elaboración de los Planes Generales que contara con una administración autonómica que definiera con claridad los criterios de organización territorial de su ámbito, una administración local transparente en el planteamiento de los objetivos urbanísticos y que pusiera ante la ciudadanía los medios para que ésta participara en este proceso, podría perfectamente culminar en una consulta popular. Este pronunciamiento directo de los ciudadanos, precisamente en cuestiones de relación inmediata con su modo de vida, y de las que tienen claro conocimiento, supondría un refuerzo tanto de la democracia como de la identificación entre los ciudadanos y el espacio físico compartido por ellos.

Fernando Landecho es arquitecto

El voto de izquierdas ante las próximas elecciones

Artículo de Antonio Pérez Murciano:

"Estando como estamos, metidos en campaña preelectoral, no solo para las elecciones municipales y autonómicas, ya próximas, sino para las generales del próximo año, he tenido ocasión de asistir, en el Ateneo de Madrid, del que me honro en ser socio, a una mesa redonda, con posterior debate, sobre la izquierda en el siglo XXI.

Entre las muchas y variadas ideas y enfoques, que el acto en cuestión salieron a colación, destacaron algunas, como la que consistía en que los conceptos de derecha e izquierda, en política, habían desaparecido, o se habían diluido, y que era el momento de buscar una cierta transversalidad en la democracia, de modo que, dentro de lo que aun se puede llamar liberalismo, se pudiesen integrar todas las tendencias, más representadas por individuos, o por agrupaciones de individuos que por partidos políticos en su sentido tradicional. No faltó, sin embargo, quien aportó su experiencia al respecto, aduciendo que los intentos en esa línea, que ya habían tenido lugar, siempre acababan en la presencia de dos tendencias claras, correspondientes a lo que serían la derecha y la izquierda, cosa por otra parte a mi entender muy lógica, pues los conceptos de derecha y de izquierda, en la sociedad en general, y en política en particular, corresponden, asimismo a mi entender, a dos mentalidades, a dos maneras de concebir la sociedad, más o menos definidas, o más o menos radicales, que siempre están presentes en la práctica totalidad de las situaciones susceptibles de ser analizadas en la sociedad. Queda pues bien clara mi posición respecto a esa posible “transversalidad”, que considero ajena a la realidad sociopolítica, y, en base a ello, pienso que las agrupaciones de individuos, o los partidos, llámeselos como se quiera, deben formarse en razón a las mentalidades anteriormente citadas, y ser, en consecuencia, de derechas o de izquierdas, moderadas o radicales en cualquiera de los casos. Aprovecho este momento para mencionar lo que se ha llamado, y tantas veces se ha tratado de definir, como centro en política. Debo decir que para mí el centro en política no existe. El centro es algo que carece de dimensión. Pienso que cuando se habla de centro en política, se puede hablar de posiciones moderadas, pero también aquí se observaría que, en teórico grupo de centristas, siempre acabarían configurándose las dos tendencias, es decir, se puede hablar, porque existen, del centro-derecha y del centro-izquierda, nunca del centro.

En el acto ateneísta que inspiró este escrito, se dijo también algo con lo que sí estoy de acuerdo, si no en su totalidad si casi en su totalidad, y ello consistió en que, en el momento actual, en España, ninguno de los dos grandes partidos de implantación nacional, debe ser considerado de izquierdas. Uno, el Partido Popular, admite con un poco de trabajo ser de derechas, aunque le gusta más decir que es de centro. Otro, el PSOE, afirma ser de izquierdas. No hay más que observar su actitud y comportamiento, tanto en su etapa anterior, cuando estaba dirigido por Felipe González, como en la actual, para ver que no es así, y si volvemos a mencionar la actual situación, prácticamente preelectoral, se hace imprescindible para los izquierdistas tomar una clara posición en lo que a su futuro o futuros votos se refiere, haciendo un llamamiento, en primer lugar a la necesidad de acabar de una vez por todas con ese prejuicio, o simplemente engaño, según el cual el voto a los partidos grandes es el voto útil. El voto de un izquierdista, siempre que se dirima entre dos opciones de derechas, será un voto inútil; así pues, si no encontramos una opción claramente izquierdista en los partidos grandes, busquémosla en partidos más pequeños. Habrá quien pensará que cada uno de esos votos es un voto perdido, pues no sirve para obtener representación parlamentaria, pero yo vuelvo a decir que no es así. En primer lugar, un voto en conciencia nunca es un voto perdido. En la posible situación de que un gran número de votos fueran a partidos sin representación parlamentaria, ¿No sería esto un motivo para que los partidos grandes reflexionasen y, para decirlo en lenguaje popular, se “pusiesen las pilas”, y empezasen a preguntarse cuales son lo temas que afectan realmente a la ciudadanía, y que son los que ha sido tratados por los partidos pequeños? Y si por fortuna, alguno de esos partidos, como a veces se da el caso, logra llegar al parlamento, aunque sea en el grupo mixto, ¿No será bueno que alguien, aunque sea en corto espacio de tiempo, hable de esos temas que realmente preocupan, aunque no sea “políticamente correcto” hablar de ellos? Yo estoy convencido de que tengamos que contemplar el deprimente espectáculo del hemiciclo casi vacío cuando intervienen ese tipo de parlamentarios, nosotros, gracias a la radio o la televisión, sí podremos atenderlos, y si somos lo suficientemente hábiles para conseguir convencer a otra gente para que también les escuchen, podremos estar colaborando al principio del gran cambio.

 

Poco queda más que decir, solo reiterar mi petición de voto en conciencia, y con acuerdo programático con el partido votado, siendo esto válido tanto para derechas como para izquierdas, si bien este último caso sea el mío. Y repitiendo una frase del inolvidable Enrique Tierno Galván, “Que la derecha sea derecha, y que la izquierda sea izquierda”. El centro, o cualquier otro experimento raro, ni existe ni puede, en consecuencia, gobernar."

Antonio Pérez Murciano es miembro de la Asociación Res Pública

Reordenación municipal: unión de pequeños municipios

Artículo de Fernando Landecho González-Soto publicado en la edición enero-febrero de la Revista "El Notario del siglo XXI" y en el blog hayderecho el 5 de enero de 2011:

"¿Puede un municipio con un reducido número de habitantes dar los servicios a los que le obliga la ley y sobre todo los demandados por los ciudadanos, siempre superiores a los obligatorios? Teniendo en cuenta que la financiación de los ayuntamientos es en buena parte proporcional a sus habitantes la respuesta es claramente negativa.

Parece lógico pensar que la unión de pequeños municipios dando lugar a otros de mayor tamaño, en torno a los 5.000 habitantes, proporcionaría ventajas en cuanto a los servicios prestados a sus ciudadanos. Entre las posibles mejoras en la gestión municipal se pueden citar: mayor fuerza y representatividad política ante administraciones autonómicas y estatales, incluso ante representantes de distintos sectores privados; ahorro económico tanto por reducción de cargos como por creación de una economía de escala superior para compras, y contratación de servicios externos; mayor profesionalización y disponibilidad de los servicios municipales; posibilidad de prestación de ciertos servicios, que exigen un mínimo poblacional, como la policía local, dotaciones deportivas, centros sociales, páginas web, etc.; interposición de una mínima distancia a la hora de tomar ciertas decisiones: sanciones, contrataciones, etc.; planeamiento urbanístico sobre un territorio de mayor tamaño, facilitando la coherencia interna de la planificación; incluso mejora de la participación ciudadana considerando que ésta precisa de medios económicos para su adecuada realización.

En España tenemos más de 6.800 municipios con menos de 5.000 habitantes, y de ellos casi 6.000 no llegan a los 1.000 vecinos. Estos números no se han modificado sustancialmente desde el origen del actual mapa municipal de comienzos del siglo XIX. El municipio tiene la característica de su cercanía física al administrado; pero la distancia real en tiempo de desplazamiento no es hoy la misma, por la facilidad de transporte, que a comienzos del XIX; y con los medios informáticos el concepto de cercanía, identificado antes con cercanía física, también ha cambiado sustancialmente. Parece, por tanto, un momento en el que la integración de los pequeños municipios en otros de ámbito algo mayor es no solo necesaria sino posible.

El objetivo de esta modificación del mapa municipal sería tanto la mejora de los servicios prestados a los ciudadanos como una mejor gestión del espacio rural. Esta medida sería escasamente eficaz si no se dota económicamente a los ayuntamientos en función de los servicios que prestan; y si no hay un programa de eficiencia y transparencia para la administración municipal, ¿de qué sirve pasar a una administración de mayor tamaño si luego ésta se comporta de una manera opaca e ineficaz? Poco avanzaríamos en coherencia en la planificación territorial si nos quedamos en el ámbito municipal, aun de mayor escala, y no existe coordinación supramunicipal: al menos autonómica porque hablar hoy en España de planificación territorial nacional parece bastante fuera de la realidad. Si los programas de desarrollo del medio rural no son ambiciosos la contribución de unos ayuntamientos rurales mejor gestionados no será suficiente para la obtención de buenos servicios.

El escaso éxito de intentos similares en España se ha considerado que se debía, en buena parte, a su planteamiento desde administraciones ajenas a las directamente afectadas. Quizá haya sido así, pero el impulso desde las administraciones autonómicas es indispensable y al menos debe considerar unos mínimos a obtener, como la obligatoriedad de las fusiones para los municipios más reducidos; considerar en la práctica como tales a los de menos de 100 habitantes (más de 1.000 a fecha actual, y en número ascendente) tiene poco sentido. Para los restantes municipios de menos de 5.000 habitantes parece aconsejable abrir un periodo de información sobre las ventajas de su paso a entidades mayores, y de participación ciudadana sobre la conveniencia, los modos y los tiempos de las fusiones. "

 

Fernando Landecho es arquitecto y activista político.

Un cero

Artículo de Elvira Lindo publicado en El País el 9 de febrero de 2011:

"La boina ha vuelto. Madrid y Barcelona se la han encasquetado desde hace semanas y, mientras no cambie el tiempo, no habrá manera de que el tejido se haga más liviano. De la contaminación suelen acordarse los Gobiernos cuando la boina ennegrece sobre nuestras cabezas; cuando un reglamento exterior llama al orden o cuando es imposible ocultar que han aumentado los ingresos hospitalarios. Sin dejar de restarle valor a la responsabilidad de las autoridades en algo que afecta de manera tan severa a la salud pública hay algo que siempre me deja perpleja en el comportamiento de los españoles: el hecho de que el poder lo ostenten otros parece que nos exime de cualquier responsabilidad para remediar un problema que, en este caso, afecta, sobre todo, a los más débiles. El Ayuntamiento de Madrid pide a los ciudadanos que procuren dejar el coche en casa por unos días. El resultado ha sido notable: un 0% de descenso. Los mismos cacharros a las mismas horas. Los datos han aparecido en los periódicos y la respuesta de la ciudadanía cibernética, siempre dispuesta a la indignación, no se ha hecho esperar: "Mientras ellos minimicen el problema por qué voy a sufrir yo las consecuencias"; "no pienso dejar el coche en mi casa, eso es un parche"; "¡ja!, por una parte, se lavan las manos, por la otra, nos piden que lo arreglemos nosotros".

¡Un 0%! ¿Cómo es posible que no nos sonrojemos (un poco)? Alguna vez le he leído al politólogo Fernando Vallespín que una de las condiciones para que la democracia funcione es que tenga ciudadanos a la altura de un sistema que nos plantea deberes que habrían de cumplirse voluntariamente.

La manera de demostrarle a las autoridades que la contaminación es un asunto que preocupa es, precisamente, siendo activo en rebajarla. Y cuando se marche esa boina, no olvidarse del asunto. Dar la matraca. Otro deber."

Elvira Lindo es periodista y escritora.

Las cuentas de las pensiones

Artículo publicado en el diario Público el 22-1-2011 por Miren Etxezarreta
El argumento principal para justificar la reforma de las pensiones que está en curso es que “no hay dinero” para sostener el sistema público porque el número de ancianos aumenta y el número de cotizantes no lo hace en la misma proporción, y que la reforma tiene por objetivo hacer viables las pensiones futuras. Al mismo tiempo se invita a la ciudadanía a que suscriba planes de pensiones privados para compensar las pensiones públicas que, se acepta, tendrán que disminuir. La carencia de recursos para las pensiones públicas es un dato que se toma como premisa.
¿Es así? No, porque en la mayoría de las rotundas afirmaciones sobre la inviabilidad futura de las pensiones se ignora la evolución de la riqueza de los países y que menos personas pueden producir más riqueza. En las sociedades modernas, a pesar de las crisis sucesivas, la capacidad de producir riqueza aumenta mucho en el tiempo. Y esta riqueza adicional puede cubrir las necesidades de mayor gasto que requeriría el mayor número de ancianos que se prevén, suponiendo que estas predicciones sean correctas. En España, con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se observa que el PIB a precios constantes de 1986 pasó de 21,5 miles de millones de pesetas en 1971 a 44,2 miles de millones en 1997; es decir, que la producción de riqueza se dobló en 26 años. Asimismo, desde 1971 a 2006 la renta per cápita –renta producida por persona– se multiplicó por algo más de dos. Si bien la crisis rebajó algo dicho aumento en el periodo 2006-2009, todavía se puede afirmar que, en el periodo 1971-2009, la renta per cápita en términos constantes por lo menos se duplicó. En definitiva, el país es el doble de rico por persona que hace 40 años.
Asimismo, hay que recordar que, a medida que el sistema económico evoluciona, con menos personas se produce más riqueza. De modo que, frente a lo que erróneamente sostienen reputados economistas, el número de trabajadores activos es irrelevante respecto a la viabilidad de mantener las pensiones en el futuro. Lo que importa no es cuántos trabajadores hay, sino la riqueza que producen.
Si, como es de esperar, a pesar de los avatares del capitalismo actual la capacidad de producir riqueza sigue aumentando, no hay ninguna razón por la que estas sociedades no puedan mantener una población mayor de ancianos. La riqueza, los recursos materiales y el dinero necesario existen en la sociedad. Por tanto, si se afirma que no hay dinero para las pensiones, la pregunta pertinente es: ¿dónde está entonces la riqueza producida? ¿Quién se ha hecho dueño de la misma?
De la riqueza producida anualmente en el país, las remuneraciones al trabajo se llevan algo menos de la mitad, mientras que algo más del restante 50% de la riqueza es absorbido por el capital. Por su parte, el Estado se nutre –desigualmente– de ambas fuentes. En España las pensiones públicas se pagan con las contribuciones de los salarios, pero no hay ninguna razón económica por la que haya de ser así. La crisis de las pensiones públicas, si llegase a producirse, sólo sería debido al mantenimiento del sistema dentro del más estricto statu quo. Pero no hay absolutamente ningún motivo por el que el sistema no pueda modificarse en dirección distinta de la que se está proponiendo ahora. Si cada vez se insiste más en la importancia de los aspectos inmateriales en la producción de riqueza –conocimiento, investigación, educación, salud, gobernanza…–,
es una falacia no considerar que la sociedad es una unidad cuyo esfuerzo conjunto produce una riqueza que se ha de distribuir entre todos. ¿Por qué sólo los trabajadores en activo han de costear las pensiones? La crisis de las pensiones no es porque faltan recursos; es debida a una distribución perversa de la renta. Lo que pasa es que la riqueza producida está muy mal repartida.
Se recomiendan las pensiones privadas, pero ¿no sería más seguro y eficiente aumentar la dotación a las pensiones públicas que potenciar que se invierta el dinero en pensiones privadas, enormemente inseguras, vulnerables ante la inflación y de alto coste de gestión? ¿Acaso es esta la solución? Es destacable que en el debate sobre las pensiones no se haga referencia al bienestar de los pensionistas, quienes implícitamente parecen ser considerados como afluentes. ¿Y cómo es que se conceden generosas exenciones fiscales a las pensiones privadas mientras se plantea que no habrá dinero para las públicas?
Hay soluciones distintas a la disminución de las pensiones públicas si eventualmente se presentan problemas para las mismas. Y además, en cualquier caso, ¿por qué tanta prisa en plantear ahora, en plena crisis, un problema que, se materializaría dentro de 20 años?
Es evidente que la reforma de las pensiones, tal como se presenta desde 1994 por el Banco Mundial y se refuerza e intensifica ahora por las instituciones internacionales, la Unión Europea y los gobiernos respectivos, no tiene sus raíces en los problemas económicos de las pensiones públicas futuras, sino en el gran interés de las instituciones financieras en absorber todavía más un suculento negocio (los fondos de pensiones gestionan actualmente el 35% de todas las acciones existentes en el mundo).
La reforma de las pensiones públicas a la baja, como la actual, no tiene como objetivo resolver el problema de las pensiones públicas sino potenciar las pensiones privadas, que constituyen un estupendo negocio para los capitales financieros que dominan nuestras sociedades. Para ello, el capitalismo no duda y consigue convertir en problema el alargamiento de la esperanza de vida, uno de los pocos avances reales que el sistema socioeconómico permite.
Miren Etxezarreta es Catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB

Llamamiento para un Acta Electoral Europea

Artículo de Jorge Juan Morante publicado en Ciudadano Morante el 23 de enero de 2011:

"Actualmente, las elecciones al Parlamento Europeo se regulan por 27 normas electorales nacionales diferentes, que dependiendo de cada estado miembro atienden a criterios proporcionales o mayoritarios, lo que contribuye a que las campañas electorales en cada Estado miembro se hagan en clave nacional, a pesar de las competencias ganadas por el Parlamento europeo a lo largo de los años y, más recientemente, con el Tratado de Lisboa. Además esto también contribuye a que los ciudadanos europeos perciban las elecciones europeas con escasa importancia y que sientan a los eurodiputados alejados de ellos. Tenemos que señalas que aunque el Tratado de Lisboa fija la composición del Parlamento Europeo en número de escaños, la distribución de los escaños entre los estados miembros de cara a las elecciones queda al arbitrio del Consejo.

Creo que es fundamental que se elabore un Acta Electoral Europea que regule las circunscripciones electorales, las listas electorales, las campañas electorales de los partidos políticos a nivel europeo y el establecimiento de primarias para la composición de las listas electorales y para la elección del candidato a presidir la Comisión de cada partido y sobretodo que se establezca el mismo día o mismos días para votar en toda la Unión Europea. Por ello, hago un llamamiento a toda la ciudadanía europea para que nos movilicemos para pedir ese Acta Electoral Europea mediante el mecanismo que nos otorga el Tratado de Lisboa, la Iniciativa Ciudadana Europea, (Art. 11.4 del Tratado de la Unión Europea)."

Jorge Juan Morante es Presidente de la Asociación "Res Pública", Diplomado en Gestión y Administración Pública y estudiante de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, habiendo estudiado como Erasmus en Turín, Italia.

Los primeros

Artículo publicado por Rosa Montero en EL País el 25-1-10

Bien, lo hemos logrado: España es líder internacional en descargas ilegales de música. ¡Guay!
Por fin hemos conseguido ser los primeros del mundo en algo.
Y además hay que decir que no es un puesto preeminente que nos haya caído encima de chiripa, sino que nos lo hemos venido trabajando desde el más remoto pasado histórico, con un sostenido e indomable esfuerzo de nuestra idiosincrasia individualista.
Y es que, ¿en qué se puede decir, sin temor a equivocarnos, que estamos verdaderamente entre los más destacados del planeta?
Pues en nuestra incivilidad, señoras y señores; en nuestra apasionada elección del propio ombligo como paisaje social; en el desdén del otro, de los derechos del otro y del espacio común.
Ya lo decía el célebre escritor Gerald Brenan en 1943: los españoles estamos atomizados en grupos tribales y somos incapaces de concebir lo colectivo.
Y, antes que él, otros visitantes extranjeros han dado fe de nuestra larga porfía por ocupar el más elevado puesto de la cerrilidad.
"Entre ellos, los españoles se devoran", anotaba en 1603 el francés Bartolomé Joy. Y a mediados del siglo XIX, el inglés Richard Ford observó: "La propia persona es el centro de gravedad de todo español (...) Desde tiempos muy remotos a todos los observadores les ha sorprendido este localismo, considerándolo como uno de los rasgos característicos de la raza ibera, que nunca (...) consintió en sacrificar su interés particular en aras del bien general".
Ya digo, llevamos muchos años trabajándonos la incuria social, que ahora florece con esplendor magnífico en la piratería a tutiplén, en las incendiarias rabietas con respecto a la ley del tabaco o en nuestro furioso sectarismo político (solo apoyo a mi horda, lo haga mal o bien).
 En fin, hay que reconocer que en esto somos buenísimos.

Rosa Montero es escritora y colaboradora del diario El País

Una pequeña ventana

Artículo de José Ignacio Torreblanca publicado en El País el 21 de enero de 2011:

"Los acontecimientos en Túnez tienen lugar en un momento crucial en toda la región. En Marruecos, las reformas están estancadas mientras la corrupción sigue extendiéndose; en Egipto, Hosni Mubarak, con 82 años, está intentando que su hijo le suceda, lo que le ha llevado a elevar aún más el nivel de represión; en Argelia, el presidente Abdelaziz Buteflika, con 73 años, no estará mucho más tiempo en el poder y el descontento también es patente; incluso Muammar el Gaddafi, con 68 años, está pensando en cómo afrontar una difícil sucesión. Una salida satisfactoria de la crisis tunecina tendría pues importantísimas consecuencias para la región. Sin embargo, la ventana de oportunidad que representa la crisis no estará abierta eternamente y muy fácilmente podría cerrarse, lo que no solo sería una tragedia para los tunecinos, sino que muy seguramente significaría que las reformas políticas en la región tendrían que esperar al menos otra década.

Es muy importante por tanto que los Gobiernos europeos, con la UE a la cabeza, se impliquen activamente en garantizar que el actual proceso de transición concluya satisfactoriamente. Es cierto que hay razones de peso para dudar de que después de haberlo hecho tan mal durante tantos años vayan a poder hacerlo ahora bien. El desconcierto e incluso la incredulidad han sido la tónica dominante en las reacciones diplomáticas a este lado. Ha tenido que venir Barack Obama a "felicitar al pueblo tunecino" para que muchos cayéramos en la cuenta de que el lenguaje diplomático puede dar cabida a ese tipo de giros. Pero bien visto, los errores cometidos hasta ahora son el principal argumento para el optimismo: aunque sea por eliminación, acertar a partir de ahora debería ser muy fácil. Así que, en lugar de continuar con los reproches, tiene más sentido intentar aprender de los errores pasados.

Sin buscarlo, la UE se ha encontrado con una oportunidad estratégica; desaprovecharla sería imperdonable. Es hora por tanto de que Europa deje de temer los cambios en la región y pase a apoyarlos de verdad porque lo cierto es que muy fácilmente podrían descarrilar y devolver a Túnez a un escenario autoritario o, alternativamente, de caos, inseguridad o inestabilidad que es el que muchos regímenes de la zona quisieran ver triunfar (y que no se descarta que algunos estén promoviendo escondidamente). Para ello, sería necesario que España y otros alentaran a la UE a ofrecer, en solitario o junto con otros, una serie de medidas que expresaran el apoyo claro e incondicional a las reformas en curso. Ese paquete podría incluir: primero, ayuda económica y financiera de emergencia en el periodo que lleve a las elecciones; segundo, asistencia para la redacción de las medidas legislativas que garanticen el pluralismo político y la libertad de prensa antes de las elecciones, así como la propia organización y supervisión de ese proceso electoral para garantizar que se desarrolle de acuerdo a estándares democráticos aceptables; y, tercero, el envío de una misión de asistencia judicial-policial que ayudara a la reforma de los servicios policiales y de seguridad, con especial énfasis en la supervisión y garantía judicial de los derechos fundamentales, pero también de las normas relativas a la transparencia de las administraciones públicas y la lucha anticorrupción.

Estas medidas dispondrían de plena cobertura legal bajo el artículo 2 del vigente acuerdo de asociación UE-Túnez, que especifica claramente que "los principios democráticos inspiran las políticas internas y las relaciones entre ambas partes ", además de bajo el marco legal vigente en la propia UE, (artículos 3.5 y 21 del Tratado) que establece claramente el principio de condicionalidad democrática en sus relaciones exteriores. Por tanto, al igual que ocurrió con España en 1962, cuando se le negó un acuerdo de asociación, o con Grecia en 1967, cuando se suspendió el acuerdo de asociación vigente a raíz del golpe de los Coroneles, la UE dejaría claro que un desenlace insatisfactorio del proceso de reformas conllevaría la suspensión del acuerdo de asociación de 1995. E, inversamente, que caso de culminar las reformas políticas de forma satisfactoria se le ofrecería el incentivo del llamado "estatuto avanzado" en sus relaciones, con una importante mejora en términos de liberalización comercial (especialmente en el ámbito agrícola), esencial para generar oportunidades económicas que acaben con la crisis social.

Que esta crisis haya coincidido con el colapso de la Unión por el Mediterráneo, incapaz siquiera de reunirse, es una coincidencia que debe ser aprovechada, no solo para ayudar a Túnez sino también para ayudarnos a nosotros mismos a salir de la esquina donde nos habíamos encerrado."

 

José Ignacio Torreblanca es Profesor de Ciencia Política de la UNED y Director de la Oficina en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

Desconsuelo

Artículo publicado por Rosa Montero en El País, el 11-1-2011

Qué desconsuelo tener que comenzar el año viendo la expresión radiantemente boba de Hussain Qadri, el asesino del gobernador del Punjab, de quien era guardaespaldas. Hussain, de 26 años, metió una veintena de balas en el cuerpo del político paquistaní y luego se retrató con el rostro iluminado por una sonrisa beatífica de absoluta alegría, como si reventar al hombre al que debía proteger fuera algo meritorio o sublime. Este Qadri fue niño no hace mucho y habrá tenido madre y deseos y sueños y amigos, habrá sentido que el amor y la ternura le esponjaban alguna vez el corazón; quiero decir que es una persona como tú y como yo, solo que el fanatismo le ha abrasado el cerebro como un ácido hasta dejarlo así de idiotizado, hasta dibujar en su cara esa vacua sonrisa tan terrible.

Ya se sabe que, como decía el economista Carlo M. Cipolla en sus famosas Leyes Fundamentales de la Estupidez Humana,"el estúpido es el tipo de persona más peligroso que existe. El estúpido es más peligroso que el malvado" (esta es la Quinta Ley). Cierto: no hay nadie más cruel que un necio convencido de su necedad. Qué congoja produce la sonrisa pueril de Qadri, que tal vez fuera un chico especialmente obediente, especialmente bueno, y por eso aún más predispuesto a reducir su mente a la pequeña y sucia nuez del dogma. Mató al gobernador porque este criticaba la Ley de la Blasfemia, una ley integrista que a su vez mata a quienes supuestamente critican al islam. ¿No es como para poner los pelos de punta? Y lo más angustioso es que Qadri fue vitoreado por miles de personas. A veces tengo la desesperada sensación de que el embrutecimiento fanático se va extendiendo como un vertido de petróleo que acabará engulléndonos. ¿Cómo hacerles pensar, cómo conseguir que recuperen la razón? Y Pakistán es una potencia nuclear, no lo olvidemos.

Rosa Montero es escritora y colaboradora del diario El País.