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domingo, 14 de noviembre de 2010

Lo que desean Cameron en Gran Bretaña, Rajoy en España y Artur Mas en Catalunya

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA y en su blog el 12 de noviembre de 2010:

"La estrategia de la coalición conservadora-liberal en Gran Bretaña en sus recortes de gasto público es predecible y sigue la misma línea de los partidos conservadores-liberales de la Unión Europea, incluyendo el PP en España y CiU en Catalunya. Aunque no lo expliciten, su intención es aprovechar la crisis económica y financiera para conseguir lo que tales partidos han deseado desde que la debilidad y desarme ideológico de las izquierdas gobernantes les ha permitido dominar la vida política, hegemonizando la cultura mediática del país. Su éxito se basa en haber convencido a un sector importante del país de que no hay alternativa posible a las políticas de austeridad.

En Gran Bretaña, la coalición gobernante presenta “la enorme deuda pública de Gran Bretaña” como la causa de que se deban llevar a cabo estas políticas, con el fin de calmar la supuesta desconfianza de los mercados financieros. Tal argumento se repite en Alemania, en Francia, en España (incluyendo Catalunya), en Grecia, en Portugal, en Irlanda, y en una larga lista de países de la Unión Europea.

La limitada credibilidad de este argumento en el caso británico la ha denunciado Martin Wolf, columnista del Financial Times, que ha desmontado uno por uno los argumentos que el nuevo gobierno británico presentó como justificación de las políticas de austeridad. En primer lugar, la deuda pública como porcentaje del PIB es en Gran Bretaña muy semejante a la que ha tenido históricamente: ni mayor, ni menor. En segundo lugar, no parece que haya ansiedad por parte de los mercados financieros acerca de la posibilidad de que el gobierno británico no pueda pagar la deuda. Los bonos públicos se venden con gran facilidad. Los intereses de los bonos públicos a diez años son sólo de un 3%, y han permanecido constantes, después del cambio de gobierno. Tal como señala Martin Wolf, David Cameron y su aliado Nick Clegg están utilizando los mercados financieros para llevar a cabo cambios que deseaban hacer.

Las medidas tomadas por el gobierno británico tienen como objetivo desmantelar el estado del bienestar británico, mediante las siguientes intervenciones. Una es la eliminación del principio de la universalidad en los derechos sociales y laborales. Un principio de la socialdemocracia, sobre el cual se estableció el estado del bienestar en Europa, era el principio de universalidad, es decir, que los derechos de acceso a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, a las escuelas de infancia, a los servicios de dependencia, a la vivienda social, a las transferencias públicas (como pensiones y ayudas a las familias), eran derechos universales (derechos de ciudadanía), que beneficiaban a todas las clases sociales, independientemente de su ubicación social y de su nivel de renta. El principio de “a cada cual según su necesidad y de cada cual según su habilidad” era un principio fundamental de las distintas sensibilidades socialistas en democracia, llamáranse como quisieran. El derecho era igual para todos y el pago predominantemente se hacía a través de la gravación fiscal progresiva. La fortaleza y la popularidad del estado del bienestar estaban basadas en este principio que estaba en el eje de la Europa Social. Era resultado de una alianza de clases, entre la clase trabajadora y la clase media, estableciendo un estado del bienestar de elevada calidad, donde las clases medias se encontraran cómodas.

Pues bien, esto es lo que los conservadores y liberales (en realidad neoliberales) quieren destruir, privando de tal universalidad a aquellos que –dicen ellos- se lo pueden pagar. El argumento de que es injusto que una persona de renta alta y renta media alta reciba ayudas o servicios públicos en momentos de austeridad es el argumento que utilizan y llega a parecer lógico y razonable. Así, en Gran Bretaña familias con niños por encima de cierto nivel de renta no recibirán los pagos por niño que reciben ahora. Y en España, conservadores y neoliberales están proponiendo que los pensionistas por encima de cierto nivel de renta no debieran tener los medicamentos gratuitos. La consecuencia de ello es que se elimina el principio de universalidad y, con ello, se abre la posibilidad de que el nivel de renta que separa aquellos que tienen derechos versus aquellos que no los tienen vaya reduciéndose más y más hasta llegar un momento en que el estado del bienestar se transforma en un estado para los pobres, es decir, un estado asistencial. Y esta es la estrategia de Cameron, de Rajoy y de Artur Mas para desmantelar el estado del bienestar: transformar el estado del bienestar universal en estado asistencial.

Esta conversión conlleva también la privatización del estado del bienestar, para lo cual se da autonomía financiera a los centros sanitarios públicos, por ejemplo, para aumentar sus ingresos mediante la contratación con las mutuas privadas, para conseguir privilegios para pacientes de tales mutuas. Un tanto semejante ocurre con las escuelas públicas, a las cuales se les permite que puedan contratar sus servicios a instituciones privadas a fin de conseguir fondos. Una persona que ha denunciado estas políticas en la Gran Bretaña es el nuevo responsable en temas económicos del Partido Laborista, Alan Johnson, el único miembro del gobierno laborista en la sombra, por cierto, que no tiene educación universitaria. (Huérfano a los 12 años, vivió en una vivienda pública con su hermana. No fue a la escuela más allá de sus 15 años, habiendo trabajado como cartero y con los sindicatos desde entonces). ¿Por qué no hay más Johnsons en las direcciones de los partidos de izquierda? La gran mayoría de la dirección del partido laborista son, como Ed Miliband, licenciados en políticas, en filosofía y en economía de las universidades más prestigiosas de Gran Bretaña. Y esto es un problema que explica, en parte, la transformación del Partido Laborista (New Labour) en un partido socioliberal que había ya iniciado, en parte, tales cambios en el estado del bienestar. En realidad, muchas de las políticas que la coalición conservadora-liberal ha expandido las iniciaron los gobiernos laboristas anteriores. La impopularidad de esta reforma entre sus bases electorales explica su espectacular descenso electoral.



SEMEJANZAS CON ESPAÑA

Algo semejante está ocurriendo en España, donde las políticas de austeridad del gobierno PSOE están causando un gran declive de su popularidad entre sus bases electorales, dando pie a la posible victoria de las derechas, que irán más allá en sus recortes sociales para destruir el estado del bienestar. Si el debate político se centra en el tamaño de los recortes, en quién recorta menos y quién recorta más, la derrota de las izquierdas gobernantes es casi inevitable, ofreciéndole en bandeja la victoria electoral a las derechas.

Una última observación. Se está presentando el declive del apoyo popular al gobierno Zapatero, como consecuencia de que tal gobierno no se explica bien, lo cual me parece un argumento poco creíble. En realidad, se ha explicado muy bien, con gran apoyo de los medios, la mayoría de los cuales (de persuasión conservadora y liberal) apoyan tales políticas. No es el mensajero, sino el mensaje el que, con razón, es impopular. El creciente distanciamiento de las direcciones de los partidos gobernantes (de tradición socialdemócrata) de sus bases populares las hace vulnerables a ser seducidos por la estructura del poder y su sabiduría convencional."
 
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University.
sábado, 25 de septiembre de 2010

LA CAUSA DE LA CRISIS

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PUBLICO, 9 de septiembre de 2010



"Este artículo sitúa la raíz de la crisis actual en la enorme polarización de las rentas que ha ocurrido en la mayoría de países de la OCDE. El artículo detalla las consecuencias de tal polarización siendo una de las más importantes la disminución de la demanda por parte de las clases populares debido al descenso de su capacidad adquisitiva, junto con un comportamiento especulativo de las rentas superiores, sobre todo de las rentas procedentes de la propiedad que han creado la crisis financiera. El artículo concluye que aquellos países que han sufrido más la crisis han sido precisamente aquellos que tienen mayores desigualdades tales como España.



Mucho se ha escrito sobre los factores que nos han llevado a la crisis económica más importante que hemos sufrido desde la Gran Depresión de inicios del siglo XX. Pero poco se ha dicho de las raíces de tal crisis, que es la enorme polarización de las rentas a ambos lados del Atlántico, consecuencia, en gran parte, de la aplicación de las políticas neoliberales desarrolladas por la mayoría de gobiernos de la OCDE (el club de países más ricos del mundo) desde los años ochenta.

La revolución neoliberal iniciada por el presidente Reagan en EEUU y por Thatcher en Reino Unido ha creado, al aplicarse sus políticas (disminución de los impuestos de las rentas superiores, aumento de la regresividad fiscal, desregulación de los mercados laborales con el fin de debilitar a los sindicatos y a la fuerza laboral, disminución del gasto público, dilución de los derechos laborales y sociales, entre otras medidas) un enorme crecimiento de las rentas superiores a costa de las rentas medias e inferiores. En otras palabras, las rentas del capital se han disparado a costa de las rentas del trabajo, que han disminuido. Es decir, en lenguaje claro, los ricos se han convertido en superricos a costa de todos los demás (clase trabajadora y clases medias). Y ahí está la raíz del problema, la realidad más oculta y silenciada en nuestros medios.

Miremos los datos y analicemos los del país donde se inició la crisis: EEUU. Según afirma el que fue ministro de Trabajo bajo la Administración Clinton, Robert B. Reich, en el artículo How to end the Great Recession (The New York Times, 03-09-10), el salario medio del hombre trabajador (ajustado a la inflación) en aquel país es más bajo hoy que hace 30 años. Este descenso ha forzado a las familias estadounidenses a que –a fin de mantener su nivel de vida– más miembros de la familia trabajen, siendo ello una de las causas más importantes de la integración de la mujer al mercado de trabajo. Mientras que sólo el 32% de las mujeres con niños trabajaba en 1970, hoy lo hace el 60%. Otra manera de compensar la bajada de salarios ha sido aumentar las horas de trabajo. El trabajador en esta década está trabajando 100 horas más al año (y la trabajadora 200 más) que hace sólo 20 años.

Pero, incluso con estos cambios, la capacidad adquisitiva de las familias ha ido bajando, lo cual les ha forzado a endeudarse. Las familias estadounidenses se endeudaron hasta la médula, lo que pudieron hacer porque el aval de sus deudas, la vivienda, iba subiendo de precio. Hasta que la burbuja explotó. Y ahora las familias tienen una enorme deuda. Nada menos que 2,3 billones de dólares.

Hasta aquí la descripción de lo que ha pasado con la mayoría de la población. Veamos ahora qué ha pasado con los ricos. El hecho de que la masa salarial (la suma de los salarios) fuera descendiendo como porcentaje de la renta nacional (y ello a pesar del aumento del número de trabajadores) quiere decir que las rentas del capital iban subiendo. Lo que esto significa es que el crecimiento de la riqueza del país (lo que se llama el crecimiento del PIB) beneficiaba mucho más a las renta superiores (que derivan su renta, en general, de la propiedad) que al resto de la población (que deriva su renta del trabajo). Como consecuencia, los ricos se convirtieron en superricos. El 1% de la población que poseía el 9% de la renta nacional en los años setenta del siglo XX, ha pasado a gozar ahora del 23,5% de la renta total, el mismo porcentaje, por cierto, que cuando se inició la Gran Depresión al principio del siglo XX. Y ahí está el problema. Como dice Robert B. Reich, los superricos tienen tanto dinero que consumen un porcentaje menor de su renta que el ciudadano normal y corriente. O sea, que el 23,5% de la renta nacional que controlan se utiliza menos en consumo y demanda que si lo tuvieran personas normales y corrientes. La demanda total, que es la que mueve la economía (pues es la que estimula el crecimiento económico y la creación de empleo) ha descendido dramáticamente, en parte porque la mayoría de las familias ha perdido gran capacidad de consumo y los superricos han sacado del consumo el 23,5% de la renta total del país, consumiendo mucho menos que el ciudadano medio.

Y por si esto fuera poco, la situación se agrava incluso más como consecuencia de que los superricos depositan su dinero en paraísos fiscales y/o invierten en actividades especulativas que tienen elevada rentabilidad, como los famosos hedge funds, facilitado por la desregulación de los mercados financieros. Y ahí está la raíz de la crisis financiera y el colapso del sistema bancario, que ha sido salvado con fondos públicos –es decir, impuestos– procedentes de las familias profundamente endeudadas.

La solución es fácil de ver. Se requiere una redistribución de las rentas de manera que el 1% de la población vuelva a tener el 9% de la renta nacional (en realidad, con el 3% bastaría). Con ello se aumentaría el consumo, y así el estímulo económico y la creación de empleo. Es más, las intervenciones redistributivas del Estado generarían más recursos públicos, con los cuales se podría, incluso, crear más empleo, resolviendo el mayor problema que hoy existe, que es el elevado desempleo. Pero los superricos, junto con los ricos y las clases medias de rentas altas (el 20% de la población) se oponen por todos los medios a estas políticas redistributivas. Esto ocurre en EEUU (como lo atestiguan los enormes problemas con los que se enfrenta la Administración Obama, en su intento de gravar a las rentas superiores y crear empleo público) y también en los países del sur de la UE, incluyendo España. Estos países tienen las mayores desigualdades de renta de la UE-15, lo cual explica que sean también los más afectados por la crisis. Y en España, el Gobierno socialista ni se atreve a subir los impuestos de los superricos. Ello muestra que la causa de la crisis es política: la excesiva concentración del poder del poder económico y político en nuestras democracias."
 
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University.
lunes, 6 de septiembre de 2010

IMPUESTOS, DÉFICIT Y EMPLEO


Artículo publicado por Vicenç Navarro en Público, el 26-8-10:

La nueva sabiduría convencional es que, en momentos de recesión como el actual, no hay que subir impuestos, pues ello reduciría la capacidad de compra de los ciudadanos, disminuyendo la demanda de productos y servicios, y con ello la capacidad de estimular el crecimiento económico. Esta postura está ampliamente extendida en España, lo cual explica la reacción negativa que la propuesta del ministro de Fomento, José Blanco, ha tenido en centros financieros y empresariales del país y en los mayores partidos de la oposición conservadora y neoliberal en las Cortes españolas. Ello forzó a la vicepresidenta segunda del Gobierno socialista español, Elena Salgado, a clarificar que el Ejecutivo no piensa subir los impuestos sobre la renta, excepto en pequeñas variaciones, para conseguir mejorar su equidad.
La evidencia existente, tanto en EEUU como en la Unión Europea, no avala, sin embargo, los supuestos que apoyan tal sabiduría convencional. Es cierto que los impuestos sobre el consumo (como el IVA) pueden reducir la demanda. Ahora bien, incluso en este caso, su impacto reductor de tal demanda depende mucho del tipo de consumo que se grave. La experiencia en EEUU muestra que, como resultado de la enorme polarización de las rentas y su gran concentración en unos sectores muy minoritarios de la población, la gravación del consumo de lujo apenas ha afectado a su demanda, lo que demuestra que la crisis apenas ha tocado a las rentas superiores. Es una lástima que el Gobierno no haya sido suficientemente sensible en este punto, al no centrarse más en el consumo de las clases más adineradas.
Pero el mayor problema no es este. Que los impuestos reduzcan la demanda depende no sólo del origen de los fondos públicos, sino del destino de tales fondos. Si el Estado gasta estos fondos en reducir el déficit, por ejemplo, el impacto en el crecimiento económico es menor e indirecto. Se asume que la reducción del déficit aumentará la confianza de los mercados financieros y reducirá los intereses de los pagos de la deuda, lo cual permitirá mayores inversiones y mayor gasto público. Esta es la mayor justificación para reducir el déficit.
Sin desmerecer la importancia de este argumento, el hecho es que se basa en la fe y en la esperanza de que las cosas ocurrirán de esta manera. Pero lo cierto es que las dudas que existen acerca de la economía española radican no tanto en el déficit público, como en su escaso crecimiento económico. Creerse que se reactivará la economía a través de la reducción del déficit (conseguido a través de reducciones de gasto público e impuestos que afectan predominantemente al consumo de las rentas medias y bajas) es un error que se incrementaría todavía más con las propuestas de los partidos conservadores-neoliberales de la oposición, que van incluso más allá y desean reducir también los impuestos sobre la renta.
En realidad, lo que debería hacerse es aumentar la progresividad de los impuestos, tanto los del consumo como los de las rentas, incrementando notablemente los impuestos sobre el consumo de lujo y sobre las rentas superiores, corrigiendo además el enorme fraude fiscal (que beneficia principalmente a tales rentas). El aumento de los ingresos al Estado debería gastarse predominantemente en crear empleo, que es la intervención pública más eficaz para estimular la demanda y el crecimiento económico, corrigiendo los dos mayores problemas que tiene la economía española; es decir, las bajas tasas de ocupación y el elevado desempleo. De ahí la enorme importancia y urgencia de que existan políticas redistributivas que permitan al Estado transferir fondos de las rentas altas a las rentas medias y bajas mediante la creación de empleo por parte del Estado (central, autonómico y local), sobre todo en áreas como en la infraestructura social (en los servicios públicos del Estado del bienestar), en la física (sistemas de transporte público) y nuevas áreas productivas ecológicas, que permitan aumentar la cohesión social y la eficiencia económica del país.
La evidencia de la superioridad de esta estrategia sobre la que se está siguiendo, no sólo en España, sino en la mayoría de países de la UE, es abrumadora. Basta con ver los datos. Los países del norte de Europa, de tradición socialdemócrata, son los países que tienen mayor carga fiscal (la de Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia es equivalente al 47%, 48%, 42% y 42% del PIB, respectivamente). También son los que cuentan con una mayor progresividad de tal carga, de manera que son los que tienen menos desigualdades sociales en Europa. Estos elevados ingresos se invierten en las infraestructuras sociales y físicas, creando ocupación, bien a través de los servicios del Estado del bienestar, bien a través de servicios que faciliten la integración de la mujer al mercado de trabajo (lo que llamé en su día el cuarto pilar del
bienestar; es decir, escuelas de infancia y servicios domiciliarios), aumentando la ocupación. Como consecuencia de ello, son países con elevadísimas tasas de empleo (Suecia, 72,2%; Dinamarca, 75,7%; Noruega, 76,8%, y Finlandia, 68,7%) y bajo desempleo, mucho menor que el promedio de la UE-15 (9%).
Los países del sur de Europa están en el polo opuesto. Son estados que han estado gobernados históricamente por las derechas y cuyas izquierdas gobernantes han tenido en sus áreas económicas una orientación escasamente keynesiana. Como consecuencia, tienen una carga fiscal muy baja (España, Grecia y Portugal tienen una carga fiscal del 33%, 31% y 36% de PIB, respectivamente, habiendo incluso descendido este año al 30% en España, el más bajo de la UE-15), una gran regresividad fiscal, unas enormes
desigualdades (las mayores en la UE-15), un Estado del bienestar subfinanciado, una tasa de ocupación muy baja (España, Portugal y Grecia tienen unas tasas de ocupación del 59%, 61,3% y 66%, respectivamente) y un desempleo elevado, mayor que el promedio de la UE-15. A la luz de tal evidencia, es preocupante ver que el equipo económico del Gobierno parece resistirse a corregir estos enormes déficits.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University.