sábado, 4 de junio de 2011

Res Pública apoya la manifestación antinuclear del domingo

Para la Asociación Res Pública la protección del medio ambiente es una de nuestras prioridades, por ello defendemos un desarrollo sostenible y una potenciación de energías limpias, renovables y seguras.



Por ello, desde nuestra asociación, apoyamos la manifestación prevista mañana domingo 5 de junio, día Mundial del Medio Ambiente, en Barcelona, en contra de la energía nuclear, porque no es una energía segura, ni  tampoco renovable ni limpia.
jueves, 26 de mayo de 2011

Urbanismo y corrupción (II). Consecuencias no sólo políticas

Artículo de Fernando Landecho González-Soto que continúa el artículo: Urbanismo y corrupción (I) y que ha sido publicado en Hay Derecho el 25 de mayo de 2011:



"Posiblemente debido a la conocida, y comentada, lentitud de la justicia sea en estos momentos cuando más escándalos relacionados con la corrupción aparecen en los medios de comunicación. Es el resultado de los delitos cometidos hace unos años, en la época del esplendor urbanístico español: esplendor aparente con ingredientes cancerígenos en su interior.
Pretendo hacer un repaso a las diferentes consecuencias de la corrupción urbanística. Una de ellas ensombrece a las demás, y es causada por la corrupción en general, no solo por la urbanística. Me refiero al deterioro del sistema democrático y al descrédito sobre las instituciones  y sobre la clase  política. Hay otras consecuencias propias ya de la corrupción ligada al urbanismo; que haya otras no rebaja la importancia de la más  conocida, pero se debe tener en cuenta  a las restantes.
La gravedad del descrédito que sobre nuestras instituciones ha originado la corrupción, y la falta de respuesta, la renuncia a cualquier ejemplaridad pública, de la clase política, unida a una  lamentable indulgencia por parte de la ciudadanía hacia esos políticos y hacia esas actitudes corruptas, está conduciendo a una situación que puede tener repercusiones gravísimas e imprevisibles para la marcha de nuestras instituciones. Debe llegar una reacción que afronte este problema nacional. La respuesta a la corrupción será múltiple, afectando a muchos y diferentes frentes, pero tiene que venir animada por una enérgica voluntad y ejemplaridad política.
La sensación de impunidad frente a la Ley, que conlleva la corrupción, es en el caso del urbanismo  especialmente visible: los desmanes urbanísticos ahí se quedan, tan asentados en el suelo como la más legal de las construcciones. La práctica, tan ejemplar, de la demolición de lo ilegalmente edificado sigue siendo una excepción en España.
En torno a la corrupción se ha instalado una competición, liderada por los políticos, cuyas bases son la disculpa de las faltas de los propios y la exageración de las de los rivales. La corrupción introduce este elemento de comportamiento social del que no podemos sentirnos orgullosos.
La corrupción ligada al urbanismo provoca repercusiones, más allá de lo político, en concreto en lo económico y como es lógico en  lo urbanístico y en lo medioambiental.
El blanqueo de capitales está en relación directa con la corrupción urbanística: el dinero obtenido en operaciones corruptas es en buena parte negro, y  la corrupción sirve para el lavado de dinero oscuro,  pagando con él a quien se corrompe. Gran parte del dinero movido en este circuito es ajeno a Hacienda y escapa a su correspondiente participación en el  sostenimiento del Estado.  En el fondo, la corrupción no deja de suponer una imposición que eleva el precio del producto final, en este caso los edificios, pero cuyo beneficio se escamotea al conjunto de la sociedad yendo a parar directamente al bolsillo de los delincuentes; por tanto supone una desestabilización del mercado y un hurto directo a la economía pública. Finalmente, hay que citar el desprestigio del nombre, de la “marca”, nacional, con repercusiones variadísimas y que afectan a cualquier objeto o servicio que se asocie a ella: disminución de la inversión extranjera por la inseguridad jurídica, disminución del valor añadido de los productos españoles y de la valoración ofrecida por cualquier trabajador español, o empresa, en el extranjero.
Posiblemente las consecuencias menos tenidas en cuenta  de la  corrupción urbanística, que en la mayoría de los casos supone  básicamente saltarse las normas urbanísticas, son los daños producidos al medio ambiente y a la ordenación territorial y urbanística.
Los principales delitos urbanísticos, en número e importancia, consisten en edificar en suelo no urbanizable o en no urbanizable especialmente protegido, o hacerlo en suelo urbano o urbanizable pero sin respetar la calificación urbanística, es decir el tipo de suelo: residencial sobre zonas verdes, o sobre zona de equipamientos, o incumplir las cesiones que marca la ley,  suprimiendo el suelo para equipamientos, zonas verdes, vivienda protegida.....
Si el planeamiento ha clasificado suelo como no urbanizable e ilegalmente se edifica en él, ya sea a pequeña o a gran escala, a medio plazo el coste para el municipio que significa mantener esas construcciones o urbanizaciones es superior al que hubiera supuesto una actuación acorde con el planeamiento. Me refiero al coste del mantenimiento de todas las infraestructuras, sobre todo las de transporte, y especialmente el transporte público: pronto demandado por los habitantes de las urbanizaciones ilegales. El resultado de la construcción ilegal en suelo no urbanizable suele ser un urbanismo disperso, de alto coste de mantenimiento para los municipios y que consume muchos recursos naturales.
Si lo que se urbaniza es el  suelo especialmente protegido a los males citados anteriormente hay que añadir los provocados al medio ambiente: degradación, incluso destrucción, de paisajes valiosos; agresiones a la fauna y a las especies vegetales protegidas;  contaminación de playas y ríos... y también en ocasiones los daños originados al patrimonio histórico y artístico: destrucción de zonas de interés arqueológico...
La construcción ilegal en suelo urbano o urbanizable, supone que o bien los ciudadanos tendrán menos dotaciones y menos servicios que los previstos por el plan, en este aspecto éste se suele limitar a cumplir la ley, o estas dotaciones y servicios se proveerán en su día a costa del esfuerzo económico municipal, que suplirá a la inversión que debía haber realizado el urbanizador, o edificador, corrupto.
Es una tarea urgente para toda la sociedad poner coto inmediato a la corrupción urbanística, especialmente por medio de medidas preventivas, dado que éstas evitarán los daños irreversibles tanto a la moral pública como a la economía, al medio ambiente y a la calidad de vida de los ciudadanos. La consecuencia más grave de este tipo de corrupción es la de contribuir al descrédito, que puede acabar en colapso, de nuestras instituciones, pero no se pueden olvidar otras consecuencias también muy graves e indeseables, como el daño de difícil reparación que se está produciendo en el mantenimiento del  medio ambiente y de los valores urbanísticos defendidos por la legalidad, y  que tienen una traducción directa en nuestra calidad de vida: el derecho a disfrutar de dotaciones culturales, deportivas, sanitarias y educativas. La corrupción urbanística no solo hunde éticamente a una sociedad sino que supone un robo directo a los ciudadanos, y un daño de difícil reversión a nuestro territorio y a nuestras ciudades."

Fernando Landecho González-Soto es Arquitecto y Activista político

Fernando Landecho González-Soto

sábado, 21 de mayo de 2011

¡Más Europa ya!

Artículo de Jorge Juan Morante publicado el 20 de mayo de 2011 en Los Euros y en Ciudadano Morante:

"Desde el 15 de mayo estamos viendo acampadas y concentraciones en todas las ciudades de España, incluso  ya se están extendiendo a otras ciudades de Europa.

Estas tienen su origen en una convocatoria de la plataforma ¡Democracia Real YA! a la que la asociación que presido, Res Pública, está adherida.

Esta plataforma considera igualmente responsables a toda la clase política de la situación de crisis que vivimos, y por ello no se considera representada por ellos. Sin distinción entre los dos grandes partidos porque considera a ambos igualmente responsables.

Cada vez se van desarrollando, en asambleas, ese decálogo de 8 puntos de la Plataforma ¡Democracia Real YA! y me doy cuenta de que queriendo solucionar el sistema podríamos caer en otro peor, hay puntos en los que estoy de acuerdo. 

Pero mejor que querer someter a referéndum todas las decisiones, también las europeas, creo mejor avanzar hacia una democracia deliberativa articulada en torno a órganos de participación ciudadana (aunque políticos como Esperanza Aguirre no les gusten y utilicen la crisis para suprimirlos), donde la gente debata los problemas y donde su voz sea escuchada por aquellos que supuestamente nos representan.

Otro problema que veo es que esas revoluciones se hacen en  clave nacional, considerando a Europa parte de esos problemas y partiendo de confusiones. No necesitamos regresiones nacionales, necesitamos más Europa, con políticas sociales y fiscales europeas, y con un Parlamento Europeo que esté por encima del Consejo, porque instrumentos de participación tenemos más, los Ciudadanos, en la Unión Europea que en nuestros estados miembros, como las consultas populares o la iniciativa ciudadana europea."

Jorge Juan Morante es Presidente de la Asociación "Res Pública" y euroblogger, Diplomado en Gestión y Administración Pública y estudiante de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, habiendo estudiado como Erasmus en Turín, Italia.
viernes, 6 de mayo de 2011

Neorepublicanismo político, un pensamiento para una Europa de los Ciudadanos

Artículo de Jorge Juan Morante publicado en Los Euros y en Ciudadano Morante el 30 de abril de 2011:


"El Neorepublicanismo político, es mucho más que cambiar la jefatura del Estado, se articula en tres líneas básicas: Equilibrio de poderes, se definen y delimitan los diferentes poderes, pero estableciendo una relación de equilibrio y colaboración entre ellos, de tal forma que ninguno se establece por encima de los demás; la libertad como No Dominación, entendiéndose como un objetivo y no como una limitación; y la Virtud Cívica, en el sentido de que la gente participa para ejercer su libertad, pero lo hace asumiendo una responsabilidad colectiva, no pensando en sus intereses individuales sino en los del conjunto de personas.


¿En qué medida este pensamiento puede servir de base a una Europa de los Ciudadanos? Mediante una regeneración de la democracia europea, debiendo realizarse una reforma profunda del sistema electoral europeo y de las instituciones europeas; e impulsando una democracia deliberativa en todos los niveles de gobierno, que permita una participación efectiva y responsable de los ciudadanos, más allá de los procesos electorales, pero no solo creando los medios para ejercerla, sino también dando a conocer los diferentes cauces y estimulando su ejercicio."
Democracia deliberativa
Imagen procedente de elcontingente.com.ar
Jorge Juan Morante es Presidente de la Asociación "Res Pública", Diplomado en Gestión y Administración Pública y estudiante de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, habiendo estudiado como Erasmus en Turín, Italia.
lunes, 25 de abril de 2011

La Res Pública 4

LA RES PÚBLICA 4
sábado, 23 de abril de 2011

Res Pública pide una reforma electoral europea ambiciosa

martes, 19 de abril de 2011

Presentación de la Asociación Res Pública, 28 de abril de 2011

La Asociación Res Pública realizará, el jueves 28 de abril, a las 19:30, un Acto de Presentación en el Café Comercial (Glorieta de Bilbao, 7 Metro Bilbao).


Ver mapa más grande
El acto estará articulado en una breve presentación sobre la Asociación y tres conferencias-debate sobre tres temas en los que trabaja la asociación: El Neorepublicanismo Político, un pensamiento para una Europa de los Ciudadanos, a cargo del Presidente de Res Pública y bloguero europeo, Jorge Juan Morante; La Economía Social de Mercado, una respuesta a la crisis, por José Vicente Fernández Abril, economista y tesorero de la Asociación; y Energías Renovables Vs Energía Nuclear por el socio de Res Pública y experto en renovables, José Santos Pulido.



cartel presentación rp nuevo

Será posible seguir en streaming la presentación y las conferencias después de haber realizado varias pruebas:




Stream videos at Ustream
viernes, 15 de abril de 2011

Res Pública contra la esclavitud infantil

martes, 12 de abril de 2011

Urbanismo y corrupción (I)

Artículo de Fernando Landecho publicado en ¿Hay derecho? el 12 de abril de 2011:

Imagen procedente de alternativa vecinal vigo

"El primer título que me vino a la cabeza para este artículo fue “la corrupción urbanística”. Era lo más inmediato; la expresión con la que se han titulado numerosos textos referidos a los, desgraciadamente, abundantísimos casos de denuncias y procesamientos: tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, fraude fiscal… que están directamente relacionados con el urbanismo. Si decidí cambiarlo fue por comenzar con una expresión que al menos mantuviera independientes, si bien unidos por una conjunción, el urbanismo y la corrupción. El cambio no es fundamental en el fondo, pero me permite comenzar con una reivindicación del urbanismo como el instrumento esencial para la ordenación del territorio y para el desarrollo de nuestro medio físico, salvaguardando y mejorando sus valores: ambientales, estéticos, económicos, sociales…. Separar el urbanismo de la corrupción es posible y necesario.

Si hay algo que me parece especialmente sorprendente en esta cuestión es la cantidad de información referida a escándalos urbanísticos, la importancia de sus consecuencias en muchos aspectos: económicos, políticos, descrédito de las instituciones, daño al medioambiente, y sin embargo algo que debería ser inherente a este proceso: el apartamiento de la vida pública de los causantes, no se produce.

Hay varios estudios en los que se analiza la repercusión electoral, de los escándalos urbanísticos, en casi todos los casos en el ámbito local que es donde se dan éstos en su gran mayoría. Todos ellos coinciden en que las denuncias fundadas, o los procesos judiciales ya iniciados, incluso sentencias no ejecutadas por diferentes razones, no tienen apenas castigo electoral.

Voy a analizar brevemente esta situación paradójica: el alto nivel de información sobre actuaciones urbanísticas ilegales y la voluntad de los ciudadanos en exonerar políticamente, y seguir votando, a los acusados.

Los delitos por actuaciones urbanísticas ilegales se centran básicamente, tanto cuantitativa como cualitativamente, en la reclasificación ilegal de suelo no urbanizable; en la construcción y ejecución de usos prohibidos en el mismo tipo de suelo, incluso en el de especial protección; en la urbanización de nuevos desarrollos sin respetar las cesiones obligatorias para dotaciones: deportivas, culturales, educativas… para zonas verdes, o para patrimonio municipal del suelo; y en la concesión de contratos para ejecución de obras sin respetar los principios establecidos para ellos que garanticen la igualdad de oportunidades entre concursantes y la obtención de la mejor opción para el ayuntamiento.

Estas actuaciones delictivas tienen sin embargo algunos resultados económicos inmediatos y positivos para muchos residentes en el municipio: propietarios de tierras, industriales, contratistas, profesionales diversos… y sin embargo ¿Quiénes son los perjudicados por esas acciones?, no tanto los vecinos del municipio, no al menos individualmente, como el conjunto de la ciudadanía, en parte representada por el propio ayuntamiento perjudicado por malas contrataciones; y en parte todos los ciudadanos, no solo los residentes en ese municipio; unos porque serán vecinos de nuevos desarrollos sin las dotaciones necesarias, y todos porque se nos priva del derecho a una correcta ordenación del territorio, al derecho a un medio ambiente óptimo, y porque entre todos pagaremos las consecuencias económicas, sociales y medioambientales de los desmanes. Beneficios directos y perjuicios indirectos y repartidos entre la comunidad. La “tragedia de lo común” está servida.

Si bien la solución a la corrupción ligada al urbanismo debe venir de un amplio conjunto de medidas que desarrollaré en otros artículos, y que afectan a muy diversos aspectos: judiciales, económicos, políticos, urbanísticos… la reflexión anterior sobre la falta de castigo electoral de los políticos acusados de corrupción y el daño causado al bien común, me lleva a proponer ya alguna de ellas, directamente ligadas a este fenómeno.

La primera es obvia, y cuenta incluso con peticiones firmadas por miles de personas. Los partidos políticos deben impedir que los acusados de corrupción formen parte de sus listas electorales. No deben seguir haciendo primar el objetivo de conseguir cargos públicos a costa del descrédito del ejercicio de la política y de la calidad de la democracia.

La siguiente es ya propia del derecho urbanístico: limitar la autonomía municipal, tanto en la planificación como en el control del urbanismo en aquellos aspectos donde prime el interés general. Si aceptamos que la ordenación del territorio tiene implicaciones que exceden al municipio, ejercitemos con decisión la intervención supramunicipal, siendo las Comunidades Autónomas e incluso el Estado Central (Confederaciones Hidrográficas, Costas, Parques Nacionales…) partícipes, en mayor medida que lo son ahora, del proceso de planificación territorial. Por ejemplo la delimitación de los suelos no urbanizables de especial protección puede venir fijada en gran parte desde las Comunidades Autónomas; también ellas deben tener mayor responsabilidad en los planes parciales para desarrollo de suelo urbanizable y en la concesión de licencias en suelo no urbanizable.

En cuanto al control de la legalidad urbanística dotemos a fiscalías y departamentos de control autonómico de mejores medios y mayor capacidad de intervención.

Estas medidas no solo redundarían en limitar la posibilidad de la corrupción ligada al urbanismo, sino que, incluso por encima de ese resultado, contribuirían a un mejor diseño territorial, por obedecer éste a principios de mayor escala y buscar la coherencia de un territorio mucho más amplio que el municipal. Defender con eficacia el bien común exige limitar, en mayor medida de lo que ahora está, el poder de los municipios en materia de urbanismo."
 
Fernando Landecho González-Soto es Arquitecto y Activista político

Fernando Landecho González-Soto
viernes, 8 de abril de 2011

Res Pública apoya a la Juventud Sin Futuro

Desde nuestra Asociación queremos manifestar nuestro apoyo al nuevo colectivo juvenil Juventud Sin Futuro y a la manifestación realizada por ellos, ayer, jueves 7 de Abril, en Madrid. Pensamos que era necesario que uno de los grupos sociales más castigados por la crisis, que son los jóvenes, se organicen, al margen de partidos y banderas, salgan a la calle y reivindiquen sus derechos, apoyando cambios sociales, políticos y económicos.



Res Pública, desde la coherencia con sus principios de lucha contra la pobreza, la exclusión social, y la no dominación, se alegra de que la sociedad civil española, como la de otros países, se movilice y haga oír su voz frente a la crisis provocada por las políticas neoliberales.
sábado, 2 de abril de 2011

Res Pública por un voto libre y secreto para los ciegos

jueves, 31 de marzo de 2011

Res Pública contra la energía nuclear


La asociación Res Pública se posiciona, firmemente, en contra de la energía nuclear y propone un calendario para el cierre de todas las centrales de energía nuclear existentes en Europa, y el desarrollo de un Tratado Internacional de No Proliferación y de eliminación de todas las centrales nucleares existentes en el mundo. Los motivos por los cuales se toma esta posición se exponen más adelante pero, en primer lugar, manifestamos que no es asumible la pretensión de aquellos que piden que el debate se posponga hasta que el tema deje de estar “caliente”, ya que buscan el olvido del mismo, más que una actitud reflexiva acerca de la cuestión.



Motivos por lo no oponemos a la existencia de centrales nucleares:



Los residuos de las centrales. El funcionamiento de las centrales nucleares da lugar a la producción de elementos químicos altamente radioactivos, algunos de los cuales radiarán durante miles de años, sin que hasta el momento se haya resuelto el tema de su almacenamiento seguro. Esto implica dejar una peligrosa herencia a las generaciones futuras.

Residuos Nucleares
Imagen procedente de lacomunidad.cadenaser.com



Las catástrofes. Además de las tres importantes catástrofes nucleares conocidas, la central Three Mile Island, en EEUU; la central de Chernobyl, en la antigua URSS; y ahora la de Fukushima en Japón, han ocurrido decenas de accidentes menores que muestran claramente que las centrales nucleares no son seguras. Las consecuencias de las catástrofes nucleares para las personas afectadas son gravísimas tanto a corto como a largo plazo, y pueden dar lugar a la contaminación radioactiva de amplias áreas geográficas, que pueden abarcar incluso territorios fuera de los estados donde esté ubicada la central nuclear originadora de la catástrofe, durante cientos o miles de años. También son causa de riesgos nucleares el transporte de los combustibles y residuos radioactivos y los cementerios de los desechos.

Consecuencias de la Catástrofe de Chernobyl
Imagen procedente de Sopa de Letras




La renovabilidad. La energía nuclear no es una fuente renovable, ya que las reservas de uranio son limitadas y posiblemente menores que las de otras fuentes energéticas. Cocretamente algunos estudios concluyen que en el mejor de los casos no habrá reservas después del 2080.



La dependencia. Salvo para Estados con minas de uranio y instalaciones para su enriquecimiento, para el resto, como es el caso de España, la energía nuclear supone una dependencia de otros Estados que dispongan de las facilidades citadas ya que nos obliga a importarlo.



La inversión. En la actualidad la inversión necesaria para construir una central nuclear es tan elevada que no está al alcance de la mayoría de los Estados. Esto supone una hipoteca financiera para los que construyan alguna central y un elevado coste futuro para la energía que dichas centrales produzcan por el peso de la amortización. Además se requieren años para construir una central nuclear por lo que los problemas que teóricamente vendría a resolver no lo serían a corto plazo.



El efecto adverso sobre las energías renovables. Un aspecto complicado de la energía eólica y de la solar fotovoltaica es el de la aleatoriedad de su producción a lo largo del día, por ello para aprovechar totalmente su potencial deben tener prioridad para su entrega a la red de distribución eléctrica. Sin embargo, como las centrales nucleares no se pueden parar, ello obliga a desconectar centrales eólicas para ajustar la oferta eléctrica a la demanda a cada momento.



Efectos ecológicos de su funcionamiento en condiciones normales. Si bien la energía nuclear no da lugar al aumento de CO2 en la atmósfera, si lo produce la construcción de centrales nucleares, además incrementa la temperatura de los ríos o embalses de los que se aprovisiona de agua para su refrigeración.



Podría parecer que, visto lo anterior, nadie en su sano juicio podría defender la existencia de las centrales nucleares, por lo que conviene exponer las verdaderas razones que para para ello tienen personas o instituciones, ocultas bajo el manto de que todo el desarrollo conlleva riesgos y que estos hay que asumirlos.



Las compañías propietarias de las centrales nucleares. Es evidente que la venta de la energía producida por las centrales suponen importantes ingresos para las compañías propietarias de las mismas, y más si estas centrales están contablemente amortizadas. Se debe decir que dichas compañías no buscan tanto construir nuevas centrales como prolongar la vida útil de las existentes.



Las grandes potencias. Éstas están dando salida a los combustibles, en este caso explosivos, procedentes de las retirada de los misiles nucleares tal como han pactado. Esto supone una fuente de ingresos y el traspaso del problema de los residuos radioactivos al sector privado, en ocasiones incluso fuera de sus fronteras.



Muchos técnicos y científicos. Muchas personas viven directa, o indirectamente, de las centrales nucleares, incluyendo además de los propios trabajadores de las centrales, el personal de los organismos reguladores e investigadores y docentes. La desaparición de las centrales nucleares supone una amenaza para sus puestos de trabajo, o el de sus allegados, a un menor o mayor plazo. Estas personas parecen no valorar el grave riesgo en que ellos mismos, y otras personas, están incurriendo para que ellos puedan mantener sus puestos de trabajo. Consideramos que se debería pensar un plan de reconversión laboral para ellos, junto con el calendario de cierre.



Algunos comunicadores. Muchos comunicadores en los diversos medios, periódicos, tertulias, etcétera, están actuando como portavoces oficiosos de los defensores de la energía nuclear. Bien minimizan los riesgos, bien indican que las centrales nucleares son seguras, porque aún no se ha arrasado un Estado completamente, bien dicen que a lo largo de siglos otras fuentes de energía han dado lugar a miles de víctimas o en el caso más sibilino piden que se aplace el debate acerca de la cuestión. No se entiende claramente cuales pueden ser los motivos para que estén tomando esa actitud, incluso personas que, en muchos otros temas, aparecen como progresistas y solidarias.



Por último y visto todo lo anterior, lo más prudente parecería empezar a cerrar de inmediato todas las centrales nucleares. Sin embargo, conscientes de las consecuencias inmediatas negativas de tipo económico que tendría esta medida se propone que se establezca un calendario para el cierre de las centrales tras una evaluación seria de los riesgos asociados a cada una de las existentes, y por supuesto la paralización de los proyectos actualmente en marcha, sustituyéndolas de forma progresiva por las energías renovables además de plantear la necesidad del ahorro energético.

Energías renovables
Imagen procedente de finanzzas.com
domingo, 27 de marzo de 2011

5ª Asamblea Ordinaria de la Asociación

En virtud del artículo 17.2 de los estatutos de la Asociación "Res Pública", en mi calidad de Presidente de la asociación y tras haber escuchado a la Junta Directiva, convoco Asamblea Ordinaria de la Asociación, el sábado 9 de abril de 2011, a las 12 horas, en primera convocatoria, y a las 12:15, en segunda convocatoria, en la Casa Camu (C/ Juan de Olías, 39 Madrid, Metro Estrecho) y con el siguiente
Orden del Día:

1) Aprobación del Acta de la Reunión Anterior

2) Informe de Gestión de la Junta Directiva

3) Elaboración de un Plan Estratégico de la Asociación

4) Solicitar nuestra adhesión al Movimiento Europeo

5) La Implicación y participación de los socios, bases fundamentales de nuestra asociación

6) Ruegos y preguntas

A efectos organizativos se ruega a los socios que confirmen su asistencia.

Atentamente,



Jorge Juan Morante López

Presidente de la Asociación Res Pública

miércoles, 23 de marzo de 2011

Res Pública recuerda a Josefina Aldecoa

Nuestra Asociación quiere manifestar su pesar por el fallecimiento, el pasado 16 de Marzo, de la escritora y pedagoga Josefina Aldecoa.

Josefina Aldecoa
Imagen procedente de Alfaguara

Partidaria de las ideas de la Institución Libre de Enseñanza, basadas en la tolerancia, la libertad frente a dogmatismos políticos y religiosos, la creatividad, la no separación escolar entre niños y niñas y el desarrollo cultural y científico, es de destacar su mérito en crear la escuela Estilo, que defendió esos valores educativos en pleno franquismo. Unos valores que Res Pública hace suyos, en su idea de lograr una sociedad plena de valores cívicos y humanistas, y que queremos que perduren en el tiempo.

lunes, 21 de marzo de 2011

Res Pública por la erradicación de la discriminación racial

El 21 de Marzo se celebra el Día Internacional contra la Discriminación Racial y Res Pública defiende que, aunque los seres humanos tenemos rasgos físicos que nos diferencien, para nada eso justifica que se trate de forma diferente en función del color de la piel, ya que todos tenemos los mismos derechos y ante la ley todos debemos ser tratados como iguales.

Imagen procedente de El mochuelo filósofo

Por ello, felicitamos a las organizaciones que, como Movimiento contra la Intolerancia, contribuyen con su labor a una erradicación de la discriminación racial y reclamamos un endurecimiento de las penas por discriminación, así como programas de educación que ayuden a eliminar los prejuicios a nivel de la Unión Europea.
viernes, 18 de marzo de 2011

Res Pública pide una pronta intervención internacional en Libia

miércoles, 16 de marzo de 2011

La Res Pública 3

Aquí podéis ver el tercer número de nuestro boletín:

LA RES PÚBLICA 3
martes, 15 de marzo de 2011

Res Pública pide seguir avanzando en la protección de los consumidores

lunes, 14 de marzo de 2011

¿Es posible una Europa de los Ciudadanos?

El próximo 24 de marzo retomamos nuestros debates-tertulias, el de este día estará dedicado a “La Europa de los Ciudadanos”, el debate comenzará con una intervención del Presidente de Res Pública y bloguero europeo, Jorge Juan Morante, ganador del premio al mejor blog sobre el Tratado de Lisboa en 2010. Este debate esta abierto a socios, simpatizantes y todo el mundo que se quiera acercar y participar.

Jorge Juan Morante
Presidente de Res Pública

La tertulia tendrá lugar en el Café Comercial (Glorieta Bilbao, 7), junto al metro Bilbao, a las 19:30. Para aquellos que no puedan asistir podéis seguir en directo el debate-tertulia, vía streaming, en:


Free live streaming by Ustream
Pedimos disculpas porque por problemas técnicos no fue posible la difusión del debate-tertulia en directo.
jueves, 10 de marzo de 2011

Res Pública con los científicos




Desde Res Pública queremos manifestar nuestro apoyo a los más de 2500 científicos que han suscrito un Manifiesto protestando por el fuerte recorte en Investigación y Desarrollo.

Desde nuestra Asociación consideramos fundamental para el avance económico de nuestro país, y para el bienestar de la sociedad, no recortar drásticamente gastos en I+D, pues los adelantos médicos, tecnológicos y científicos contribuyen a mejorar la competitividad internacional de España, la salud de los ciudadanos, y el progreso del país.

Nuestra Asociación considera fundamental dar una mayor importancia a las materias científicas en todos los niveles de la educación, así como potenciar la cultura científica en los medios de comunicación, ya sea prensa, radio y televisión.
miércoles, 9 de marzo de 2011

Res Pública con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.



Desde nuestra Asociación queremos dar nuestro apoyo  al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se celebra el 8 de marzo.
Res Pública considera que aún queda mucho por conseguir en el objetivo de lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Igualdad de derechos y deberes, igualdad en la participación social, política y económica, igualdad salarial entre ambos sexos.
Para lograr esos objetivos nuestra Asociación considera vital la implicación de Instituciones Europeas e Internacionales en la lucha por evitar la discriminación femenina en todo el mundo. Consideramos importante desarrollar una educación en la igualdad entre hombres y mujeres desde la infancia, así como medidas que contribuyan a fomentar la conciliación de la vida laboral y familar, facilitando reducciones de la jornada laboral a mujeres y hombres con niños pequeños, excedencias por cuidados de hijos, e incluso creación de guarderías en Empresas y Administraciones, para evitar el abandono definitivo de muchas mujeres del mundo laboral.
Artículo publicado por Fernando Landecho González-Soto en el blog sobre la actualidad jurídica y política ¿Hay derecho?, el 1-3-2011

Para los que ejercemos nuestra actividad profesional en relación, directa o indirecta, con el urbanismo, es un hecho el desconocimiento que tienen la mayoría de los ciudadanos del planeamiento urbanístico de sus municipios. No me refiero a los detalles técnicos, lo cual es lógico, sino a la ignorancia de las intenciones primeras del planeamiento, las que se recogen en los Planes Generales de Ordenación Urbana, donde se definen los grandes objetivos del planeamiento urbanístico municipal y los medios para lograrlo.

Ser miembro de una comunidad local cuyos propósitos, en cuanto a cómo ésta se materializa físicamente en el territorio, son conocidos, debatidos y compartidos, nos hace sentirnos más identificados con esa comunidad, y más responsables ante ella. Es decir, opinar y decidir sobre cuánto debe crecer el suelo urbanizado, dónde se prohíbe la construcción, cuántas alturas deben tener los edificios, si la ciudad debe ser más o menos densa, dónde se sitúan los parques y las zonas industriales, hasta qué punto queremos mantener inalterada la imagen histórica de la ciudad.

Un buen medio para fomentar el conocimiento del planeamiento consiste en que desde la administración se facilite la participación ciudadana durante la fase de elaboración de la normativa urbanística. La legislación española abunda en referencias a la necesaria participación ciudadana en los asuntos públicos. Así lo hacen la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y las diferentes Leyes del Suelo. En lo que al urbanismo se refiere, en general la legislación se queda en indicar ese deseo sin definir los medios de participación. En la práctica la participación ciudadana en la fase de debate del planeamiento municipal está muy lejos de cumplir las buenas intenciones expresadas por la legislación. Son escasos los ejemplos de los municipios que han ido más allá de lo que estrictamente suele marcar la ley: el cumplimiento de los periodos de información pública. En concreto las consultas populares en la fase de elaboración de los Planes Generales prácticamente no se han utilizado. La sentencia del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 2008 declarando ajustada a derecho la consulta popular acerca del Plan General de Ordenación Urbana de Almuñécar, abre la posibilidad de celebrar estas consultas.

La introducción, como práctica habitual por parte de los Ayuntamientos, del sometimiento de la aprobación de los Planes Generales al voto de la ciudadanía, supondría necesariamente que el proceso de desarrollo de estos planes sería más transparente y más participativo: si se va a consultar parece lógico que antes se haya informado a los ciudadanos y recabado la opinión de éstos.

Es cierto que existe la posibilidad de que los responsables municipales planteen las consultas como un plebiscito para avalar intenciones de planeamiento opuestas a lo que la lógica supramunicipal o las propias leyes de ordenación del territorio indican. De este modo las consultas se convertirían en un instrumento de presión hacia los responsables autonómicos encargados de compatibilizar el planeamiento local con el supramunicipal.

Este riesgo existe pero vale la pena correrlo pensando en las consecuencias positivas de las consultas, y además se puede reducir. Para ello los criterios de organización territorial supramunicipal deben ser públicos y estar claramente expresados en normativa: es más difícil plantear unas determinaciones de ámbito municipal incompatibles con otro ordenamiento de mayor rango si desde el primer momento está clara esta incompatibilidad. Además las consultas populares locales no deben celebrarse sin que vayan acompañadas de un amplio programa de participación ciudadana durante todo el proceso de elaboración del planeamiento, de tal manera que con medios y tiempo suficiente, los ciudadanos puedan debatir los objetivos del planeamiento, y entre otras cuestiones advertir las incongruencias entre los planteamientos locales y los supramunicipales.

Un proceso de elaboración de los Planes Generales que contara con una administración autonómica que definiera con claridad los criterios de organización territorial de su ámbito, una administración local transparente en el planteamiento de los objetivos urbanísticos y que pusiera ante la ciudadanía los medios para que ésta participara en este proceso, podría perfectamente culminar en una consulta popular. Este pronunciamiento directo de los ciudadanos, precisamente en cuestiones de relación inmediata con su modo de vida, y de las que tienen claro conocimiento, supondría un refuerzo tanto de la democracia como de la identificación entre los ciudadanos y el espacio físico compartido por ellos.

Fernando Landecho es arquitecto
lunes, 28 de febrero de 2011

Res Pública considera que hay medidas más efectivas que reducir la velocidad

viernes, 25 de febrero de 2011

Res Pública condena la represión en Libia

lunes, 21 de febrero de 2011

El voto de izquierdas ante las próximas elecciones

Artículo de Antonio Pérez Murciano:

"Estando como estamos, metidos en campaña preelectoral, no solo para las elecciones municipales y autonómicas, ya próximas, sino para las generales del próximo año, he tenido ocasión de asistir, en el Ateneo de Madrid, del que me honro en ser socio, a una mesa redonda, con posterior debate, sobre la izquierda en el siglo XXI.



Entre las muchas y variadas ideas y enfoques, que el acto en cuestión salieron a colación, destacaron algunas, como la que consistía en que los conceptos de derecha e izquierda, en política, habían desaparecido, o se habían diluido, y que era el momento de buscar una cierta transversalidad en la democracia, de modo que, dentro de lo que aun se puede llamar liberalismo, se pudiesen integrar todas las tendencias, más representadas por individuos, o por agrupaciones de individuos que por partidos políticos en su sentido tradicional. No faltó, sin embargo, quien aportó su experiencia al respecto, aduciendo que los intentos en esa línea, que ya habían tenido lugar, siempre acababan en la presencia de dos tendencias claras, correspondientes a lo que serían la derecha y la izquierda, cosa por otra parte a mi entender muy lógica, pues los conceptos de derecha y de izquierda, en la sociedad en general, y en política en particular, corresponden, asimismo a mi entender, a dos mentalidades, a dos maneras de concebir la sociedad, más o menos definidas, o más o menos radicales, que siempre están presentes en la práctica totalidad de las situaciones susceptibles de ser analizadas en la sociedad. Queda pues bien clara mi posición respecto a esa posible “transversalidad”, que considero ajena a la realidad sociopolítica, y, en base a ello, pienso que las agrupaciones de individuos, o los partidos, llámeselos como se quiera, deben formarse en razón a las mentalidades anteriormente citadas, y ser, en consecuencia, de derechas o de izquierdas, moderadas o radicales en cualquiera de los casos. Aprovecho este momento para mencionar lo que se ha llamado, y tantas veces se ha tratado de definir, como centro en política. Debo decir que para mí el centro en política no existe. El centro es algo que carece de dimensión. Pienso que cuando se habla de centro en política, se puede hablar de posiciones moderadas, pero también aquí se observaría que, en teórico grupo de centristas, siempre acabarían configurándose las dos tendencias, es decir, se puede hablar, porque existen, del centro-derecha y del centro-izquierda, nunca del centro.



En el acto ateneísta que inspiró este escrito, se dijo también algo con lo que sí estoy de acuerdo, si no en su totalidad si casi en su totalidad, y ello consistió en que, en el momento actual, en España, ninguno de los dos grandes partidos de implantación nacional, debe ser considerado de izquierdas. Uno, el Partido Popular, admite con un poco de trabajo ser de derechas, aunque le gusta más decir que es de centro. Otro, el PSOE, afirma ser de izquierdas. No hay más que observar su actitud y comportamiento, tanto en su etapa anterior, cuando estaba dirigido por Felipe González, como en la actual, para ver que no es así, y si volvemos a mencionar la actual situación, prácticamente preelectoral, se hace imprescindible para los izquierdistas tomar una clara posición en lo que a su futuro o futuros votos se refiere, haciendo un llamamiento, en primer lugar a la necesidad de acabar de una vez por todas con ese prejuicio, o simplemente engaño, según el cual el voto a los partidos grandes es el voto útil. El voto de un izquierdista, siempre que se dirima entre dos opciones de derechas, será un voto inútil; así pues, si no encontramos una opción claramente izquierdista en los partidos grandes, busquémosla en partidos más pequeños. Habrá quien pensará que cada uno de esos votos es un voto perdido, pues no sirve para obtener representación parlamentaria, pero yo vuelvo a decir que no es así. En primer lugar, un voto en conciencia nunca es un voto perdido. En la posible situación de que un gran número de votos fueran a partidos sin representación parlamentaria, ¿No sería esto un motivo para que los partidos grandes reflexionasen y, para decirlo en lenguaje popular, se “pusiesen las pilas”, y empezasen a preguntarse cuales son lo temas que afectan realmente a la ciudadanía, y que son los que ha sido tratados por los partidos pequeños? Y si por fortuna, alguno de esos partidos, como a veces se da el caso, logra llegar al parlamento, aunque sea en el grupo mixto, ¿No será bueno que alguien, aunque sea en corto espacio de tiempo, hable de esos temas que realmente preocupan, aunque no sea “políticamente correcto” hablar de ellos? Yo estoy convencido de que tengamos que contemplar el deprimente espectáculo del hemiciclo casi vacío cuando intervienen ese tipo de parlamentarios, nosotros, gracias a la radio o la televisión, sí podremos atenderlos, y si somos lo suficientemente hábiles para conseguir convencer a otra gente para que también les escuchen, podremos estar colaborando al principio del gran cambio.


 
Poco queda más que decir, solo reiterar mi petición de voto en conciencia, y con acuerdo programático con el partido votado, siendo esto válido tanto para derechas como para izquierdas, si bien este último caso sea el mío. Y repitiendo una frase del inolvidable Enrique Tierno Galván, “Que la derecha sea derecha, y que la izquierda sea izquierda”. El centro, o cualquier otro experimento raro, ni existe ni puede, en consecuencia, gobernar."

Antonio Pérez Murciano es miembro de la Asociación Res Pública
domingo, 20 de febrero de 2011

Una Justicia Social Mundial

jueves, 17 de febrero de 2011

El Cuerpo Europeo de Voluntariado, un ejercicio de Ciudadanía Activa

lunes, 14 de febrero de 2011

Reordenación municipal: unión de pequeños municipios

Artículo de Fernando Landecho González-Soto publicado en la edición enero-febrero de la Revista "El Notario del siglo XXI" y en el blog hayderecho el 5 de enero de 2011:

"¿Puede un municipio con un reducido número de habitantes dar los servicios a los que le obliga la ley y sobre todo los demandados por los ciudadanos, siempre superiores a los obligatorios? Teniendo en cuenta que la financiación de los ayuntamientos es en buena parte proporcional a sus habitantes la respuesta es claramente negativa.



Parece lógico pensar que la unión de pequeños municipios dando lugar a otros de mayor tamaño, en torno a los 5.000 habitantes, proporcionaría ventajas en cuanto a los servicios prestados a sus ciudadanos. Entre las posibles mejoras en la gestión municipal se pueden citar: mayor fuerza y representatividad política ante administraciones autonómicas y estatales, incluso ante representantes de distintos sectores privados; ahorro económico tanto por reducción de cargos como por creación de una economía de escala superior para compras, y contratación de servicios externos; mayor profesionalización y disponibilidad de los servicios municipales; posibilidad de prestación de ciertos servicios, que exigen un mínimo poblacional, como la policía local, dotaciones deportivas, centros sociales, páginas web, etc.; interposición de una mínima distancia a la hora de tomar ciertas decisiones: sanciones, contrataciones, etc.; planeamiento urbanístico sobre un territorio de mayor tamaño, facilitando la coherencia interna de la planificación; incluso mejora de la participación ciudadana considerando que ésta precisa de medios económicos para su adecuada realización.



En España tenemos más de 6.800 municipios con menos de 5.000 habitantes, y de ellos casi 6.000 no llegan a los 1.000 vecinos. Estos números no se han modificado sustancialmente desde el origen del actual mapa municipal de comienzos del siglo XIX. El municipio tiene la característica de su cercanía física al administrado; pero la distancia real en tiempo de desplazamiento no es hoy la misma, por la facilidad de transporte, que a comienzos del XIX; y con los medios informáticos el concepto de cercanía, identificado antes con cercanía física, también ha cambiado sustancialmente. Parece, por tanto, un momento en el que la integración de los pequeños municipios en otros de ámbito algo mayor es no solo necesaria sino posible.



El objetivo de esta modificación del mapa municipal sería tanto la mejora de los servicios prestados a los ciudadanos como una mejor gestión del espacio rural. Esta medida sería escasamente eficaz si no se dota económicamente a los ayuntamientos en función de los servicios que prestan; y si no hay un programa de eficiencia y transparencia para la administración municipal, ¿de qué sirve pasar a una administración de mayor tamaño si luego ésta se comporta de una manera opaca e ineficaz? Poco avanzaríamos en coherencia en la planificación territorial si nos quedamos en el ámbito municipal, aun de mayor escala, y no existe coordinación supramunicipal: al menos autonómica porque hablar hoy en España de planificación territorial nacional parece bastante fuera de la realidad. Si los programas de desarrollo del medio rural no son ambiciosos la contribución de unos ayuntamientos rurales mejor gestionados no será suficiente para la obtención de buenos servicios.



El escaso éxito de intentos similares en España se ha considerado que se debía, en buena parte, a su planteamiento desde administraciones ajenas a las directamente afectadas. Quizá haya sido así, pero el impulso desde las administraciones autonómicas es indispensable y al menos debe considerar unos mínimos a obtener, como la obligatoriedad de las fusiones para los municipios más reducidos; considerar en la práctica como tales a los de menos de 100 habitantes (más de 1.000 a fecha actual, y en número ascendente) tiene poco sentido. Para los restantes municipios de menos de 5.000 habitantes parece aconsejable abrir un periodo de información sobre las ventajas de su paso a entidades mayores, y de participación ciudadana sobre la conveniencia, los modos y los tiempos de las fusiones. "
 
Fernando Landecho es arquitecto y activista político.